Se determinó que
representan un peligro para la sociedad y existe el riesgo de fuga. La bancada
de la defensa presentó recurso de apelación.
La jueza 72 de control
de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario
a las 13 personas procesados por su presunta responsabilidad y participación en
la planeación y ejecución de atentados con explosivos registrados entre el 29
de junio de 2014 y el 20 de mayo de 2015.
En su determinación la
jueza tuvo en cuenta la gravedad de los delitos imputados en contra de estos
jóvenes quienes habrían tenido una amplia participación en estos hechos. Para
esto indicó que se presentaron elementos materiales para inferir su
conocimiento en las actividades. “Los delitos aquí imputados no son de poca monto”.
“No estamos frente a
cualquier actuación, son profesionales, estudiantes universitarios con un nivel
educativo y cultural, por lo que se pide un mayor grado de exigencia para
respetar la ley, no por sus ideales diferentes sino que a todos los colombianos
se les pide mantener un respeto”, explicó.
Para la jueza durante
las diligencias judiciales, que se expandieron por 15 días, la Fiscalía General
presentó “elementos claros y precisos” sobre la participación de estas personas
en los hechos materia de investigación. “Representan un peligro para la sociedad
puesto que se afectó la seguridad de las personas”.
Igualmente rechazó la
solicitud de detención domiciliaria y una medida no privativa de la libertad a
estas personas para garantizar los fines que exige la jurisprudencia en este
tipo de situaciones. El Inpec deberá definir en las próximas horas el lugar de
reclusión de los 10 hombres y las tres mujeres.
Finalmente la jueza le
aclaró a los abogados de la bancada de la defensa que la decisión que se emitió
en la tarde de este martes no es “producto de presiones superiores ni de los
medios de comunicación”, sino de un análisis “serio” de los argumentos
presentados en las audiencias.
La Fiscalía General les
imputó los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público
a David Camilo Rodríguez Hernández, más conocido con el sobrenombre de 'El
Profe', Heiler Anderson Lamprea Florez y Gerson Alexander Yacumal Ruiz, quienes
se exponen a una pena de máximo 15 años de prisión.
Mientras que a Paola
Andrea Salgado Piedrahita, Estefany Lorena Romo Muñoz, Félix Mauricio Augusto
Gutiérrez Díaz, Luis Daniel Jiménez Calderón, Sergio Esteban Segura Guiza,
Liset Johana Acosta Bogotá, Jhon Fernando Acosta Bogotá y Andrés Felipe
Rodríguez Parra les imputaron los delitos de tráfico, fabricación y porte de
armas de uso privativo de las fuerzas militares y violencia contra servidor
público por lo que se exponen a penas entre los 22 y 30 años.
Mientras que a Víctor
Orlando Ariza Gutiérrez solamente le imputaron el delito de violencia contra
servidor público puesto que no se pudo inferir que participara en la
fabricación de las papas bomba.