De El tiempo
Contratistas pactan astronómicas
tarifas para venderles material pétreo, alquilarles carros.
En la región del Meta
se sacan 263.000 barriles al día, la más alta producción del país.
Petroleras que operan
en la rica región del Meta están a punto de reventarse económicamente. Aseguran
que un grupo de subcontratistas conformaron un cartel para controlar las
tarifas de los contratos de la mano de obra y de los bienes y servicios que
requieren sus compañías.
Debido a esas
maniobras, mientras que en cualquier país un taladro se opera con 46 personas,
a ellos les exigen contratar a 110. De lo contrario, amenazan con paro, y ya se
han registrado 262 bloqueos a la producción en lo que va del 2015. El tema es
grave si se tiene en cuenta que en esa región se sacan 263.000 barriles al día,
la más alta producción del país.
La situación ha llegado
a tal punto que ya se le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) que indague si los contratistas operan de manera similar a carteles ya
denunciados, como el de los pañales o el del arroz, y si pueden ser
sancionados.
EL TIEMPO viajó a la
zona, un área de 20 kilómetros cuadrados entre Acacías, Castilla y Guamal, y
recogió testimonios y documentos que confirman los acuerdos tarifarios para
distribuirse contratos por un billón de pesos al año.
Hay actas en las que
asociaciones como Minas Murillo, Servipetróleos y Asomguaca, que agremian a una
docena de empresas mineras, acuerdan precios.
“Objeto de la reunión:
unificar opiniones y llegar a acuerdos de participación”, dice una de las
actas, firmada por ocho empresarios. Y el documento, de finales del 2013,
agrega: “Se acuerda la participación de suministros de material (pétreo) por
unanimidad, el 40 por ciento para Servipetróleos y el 60 para Asomguaca”.
“Ese material se usa en
las plataformas de los pozos y en vías y oleoductos. Si no les compramos, la
petrolera debe paralizar obras civiles y su producción se afecta. Ellos
terminan manejándoles la chequera a las compañías, incluida Ecopetrol”, explicó
un ingeniero.
Y hay más ejemplos. El
costo del acarreo de ese material, que debería ser del orden de 886 millones de
pesos, se disparó a 4.300 millones de pesos. La razón: los obligan a comprar el
material a 13 proveedores ubicados a más de 20 kilómetros, lo que encarece su
valor.
EL TIEMPO habló con
Héctor Murillo, gerente de Minas Murillo y de Servipetróleos, y este reconoció
los acuerdos. Pero dijo que es para evitar problemas sociales.
Crímenes y disputas
Con el alquiler de
vehículos pasa algo similar. Rentar una ambulancia, en promedio, vale 12
millones de pesos al mes. Pero allí se sube a 46,5 millones.
“Una sola puede atender
tres pozos próximos, con desplazamientos de menos de 10 minutos. Pero aquí
exigen una por cada pozo”, aseguró el directivo de una multinacional.
Además de distribuirse
los contratos, el cartel impide que foráneos ofrezcan servicios en la zona o
que las petroleras lleven su propia flotilla de vehículos.
El pulso por obtener
esos contratos ha llegado incluso a desencadenar crímenes, Ya hay pruebas de
que el asesinato de la líder Edith Santos, en agosto del 2014, fue por el
control de la venta de bienes y servicios y la contratación de personal en
Chichimene (Acacías).
Y este diario conoció
un listado de personas y de empresas de la zona a las que se las vincula con
narcoparamilitares. Uno de ellos tiene nexos con un político y es socio de uno
de los detenidos por el crimen de Santos. El hombre va armado a reuniones en
las que se reparten puestos de trabajo.
“Ustedes tienen la ley,
pero nosotros imponemos la nuestra”, le dijeron a un delegado del Ministerio
del Trabajo, en una reciente reunión.
Al respecto, voceros
autorizados de Ecopetrol manifestaron que rechazan “este tipo de prácticas
restrictivas de la libre competencia, que se desvían de los principios éticos
comerciales e impiden la participación equitativa de proveedores y el
desarrollo de la región”.
‘No estamos fuera de la ley’
Héctor Murillo, gerente
de Minas Murillo y de la transportadora Servipetróleos, le admitió a EL TIEMPO
que desde el 2007 hay un acuerdo entre subcontratistas para establecer
volúmenes y tarifas de ventas a las petroleras en el Meta.
“Para llegar a ese
punto se hicieron un estudio de mercado y un análisis de precios, para aplicar
tarifas. Como hay varias minas en la región, se hizo una alianza para no
generar líos sociales, y a cada uno le dan un porcentaje de las ventas”, dijo.
Murillo es dueño del 40 por ciento del mercado. Ante los señalamientos de que
existe un cartel de proveedores, indicó que cualquier empresario puede operar
en la zona sin restricciones.
“El acuerdo no está por
fuera de la ley. No hay un cartel porque no tenemos un monopolio a nivel
nacional, con un solo proveedor, y aquí cualquier empresario puede ofrecer su
producto”, sostuvo. EL TIEMPO también llamó al representante legal de Asomguaca
y, con una de sus asistentes, acordó una entrevista. Pero no respondieron el
llamado de los reporteros.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
* Del conuco