Villavicencio. El
Juzgado Tercero Administrativo de descongestión embargó cuentas bancarias, bienes inmuebles,
vehículos, y otros, por un valor de un billón de pesos a entidades fiduciarias.
La medida cautelar
cobija a corficolombiana, corfibogotá, Fiduagraria, Fidupetrol y cosacol,
algunas de ellas ya fueron liquidadas tras declararse en quiebra.
El embargo fue
decretado dentro de una demanda de Acción popular presentada hace ocho años por
el abogado, Germán Andrés Pineda Baquero, con la pretensión de que el
departamento recupere más de 170 mil millones de pesos que invirtieron
administraciones anteriores en patrimonios autónomos.
Sumado al detrimento
patrimonial causado, se descubrió un “tumbe” que le hicieron a la Gobernación
del Meta con las acciones sobre las terminales de transportes terrestres de
Cali y Armenia por 21 mil millones de pesos en parte de pago a la deuda que
tienen las fiducias con el Meta. Esas
acciones fueron valoradas en tan sólo ocho mil millones de pesos y con
problemas jurídicos.
De igual manera se dice
que, al parecer la actual administración seccional ha recibido algunos locales
comerciales valorados en dos mil millones de pesos.