Por MARÍA JIMENA DUZÁN
No es coincidencia que
la renuncia de María del Rosario González se produzca cuando la Corte
Constitucional enfrenta un escándalo muy parecido al que le tocó lidiar.
El 7 de junio de 2013
Noticias Uno sacó una noticia en la que se revelaba un escándalo de corrupción
dentro de la Corte Suprema de Justicia, el cual habría sido denunciado ante el
propio fiscal Montealegre el 16 de mayo de ese mismo año por dos magistrados de
la sala penal de la Corte Suprema: María del Rosario González y Javier Zapata.
Los denunciantes le
pedían a la Fiscalía que investigara unas declaraciones hechas por Javier
Suárez Corzo, hermano del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien venía
de ser condenado a 27 años de prisión por el asesinato del abogado Alfredo
Enrique Flórez ocurrido en 2003. El exfuncionario apeló ese fallo ante la Corte Suprema y su proceso lo
tenían tres magistrados de la sala penal: María del Rosario González, encargada de redactar la decisión, Javier
Zapata y Leonidas Bustos.
Días después,
Semana.com hizo el relato de los hechos que sustentaron la demanda y basta
leerlos para advertir ciertas similitudes con el escándalo de Fidupetrol: “La
historia es así”, cuenta Semana.com: “La hija del magistrado Bustos, odontóloga
de profesión, estudia un posgrado en la Universidad Sergio Arboleda y en este
ciclo académico también está Javier Suárez Corzo. Al momento de la presentación
de los estudiantes, Suárez Corzo se le acercó a la hija del magistrado. Le dijo
que necesitaba hablar con su padre. Ella lo escuchó de manera normal hasta que
soltó una frase tremenda: ‘Necesito hablar con él porque le mandé 800 millones
de pesos para que colaborara con un caso nuestro, una decisión’. El (supuesto)
dinero debía repartirse con los magistrados María del Rosario González y Javier
Zapata”.
Dice Semana.com que la
hija de Bustos se indignó ante semejante acusación y lo emplazó a que dijera
eso mismo ante los tres togados y que en medio de la conversación Suárez Corzo
afirmó que el dinero se lo habían entregado a una persona de la Corte Suprema.
La reunión nunca se llevó a cabo porque Javier Suárez Corzo no asistió.
Acto seguido los tres
magistrados decidieron firmar la denuncia ante la Fiscalía, pero solo María del
Rosario González y Javier Zapata fueron a llevársela personalmente al fiscal
Montealegre.
Para ser claros, la
única magistrada que se preocupó por actuar con total transparencia fue María
del Rosario González. No le bastó con ir a presentar la denuncia ante el fiscal
sino que días después volvió a acudir a la Fiscalía para presentar un escrito
en el que planteó tres posibles causas del presunto soborno: corrupción real de
algunos funcionarios de la Corte Suprema, retaliación de las bandas criminales
contra la corte e intención de obligarla a marginarse de la revisión de la
sentencia. Decidió tomar medidas que no han adoptado hasta ahora ninguno de los
magistrados de la Corte Constitucional, luego de que estalló el Preteltgate:
autorizó levantar la reserva financiera y bancaria de sus cuentas a fin de que
se investigara su patrimonio y se declaró además víctima dentro del proceso.
Aunque en diciembre de
ese mismo año, la corte con ponencia de la magistrada González ratificó la
condena de Suárez Corzo, la denuncia en la Fiscalía no prosperó y más allá de
unas pruebas preliminares, el caso hasta hoy anda inactivo, empolvándose. En
noviembre de ese mismo año Javier Suárez Corzo murió a causa de un cáncer y el
proceso perdió una pieza fundamental para probar si hubo un soborno a
magistrados.
Hoy el magistrado
Leonidas Bustos es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y sus
estrechas relaciones con el fiscal son públicamente conocidas desde que se
convirtió en el jefe de debate de su elección en la Corte Suprema. En cambio,
la magistrada valiente, que denunció el posible soborno sin dilación, acaba de
renunciar la semana pasada a su puesto en la Corte Suprema de Justicia, junto
con el magistrado Jesús Vall de Ruten. En su lacónica carta, se percibe una
gran desilusión por lo que está sucediendo en la Justicia. Sin embargo, su
renuncia en lugar de haber sido valorada fue cuestionada por algunos medios que
la tildaron de oportunista, en razón de que solo le quedan unos meses en el
cargo. Nada más injusto: la magistrada González siempre ha actuado de manera
íntegra y como pocos es un ejemplo de lo que significa la majestad en la
Justicia. No es una simple coincidencia que su renuncia se produzca en los
precisos momentos en que la Corte Constitucional enfrenta un escándalo muy
parecido al que le tocó lidiar. En el
Preteltgate, la plata que se pedía era presuntamente para el magistrado
González y en este, para repartirla supuestamente con ella.
Mis
fuentes me cuentan que ya le tienen incluso listo su reemplazo y que el ungido
sería Mario Montes, un fiscal delegado que se desempeña como el jefe de la
unidad anticorrupción de la Fiscalía. Valiente meritocracia* Del conuco.
