D el Mundo.
Preocupa que la paz se
considere irreversible porque el Estado se ha puesto de igual a igual con el
terrorismo, los generales son equiparados políticamente con sus asesinos y la
tesis dominante de los acuerdos es la visión totalitaria, bien disimulada, del
castrochavismo.
Nuestra democracia, con
cuatro años de interrupción durante el siglo anterior, ha sido la más extensa
de Iberoamérica. Incluso en el Frente Nacional ocupó sus espacios el Partido
Comunista como las demás expresiones ideológicas. Los actores violentos han
procedido no como alzados en armas contra una dictadura sino como verdugos
contra la comunidad y el Estado de Derecho. Por eso no hablamos de conflicto ni
de insurgentes sino de narcoterrorismo.
A continuación, las
discrepancias que mis compañeros del Centro Democrático y mi persona hemos
tenido con el proceso que se adelanta:
El Gobierno no exigió el cese unilateral de
actividades criminales, lo cual ha costado muchas vidas de soldados, policías,
civiles y también una especie de inmolación inútil de guerrilleros. Hoy es más
difícil obtener esta necesaria condición porque el protagonismo político y un
relativo fortalecimiento del terrorismo parecerían alejarlo de aceptar el cese
unilateral. Es notorio el incremento de la inseguridad, con subregistro y
ocultamiento nacional e internacional de acciones violentas, además de
expansiones de control territorial criminal en áreas urbanas y rurales. Se ha
perdido la voluntad ciudadana de denuncia y ha crecido el sometimiento al poder
terrorista, que extorsiona, impone horarios viales, ordena cultivar coca e
indica qué se puede sembrar.
Las Fuerzas Armadas, a pesar de su histórico
comportamiento republicano, denotan desmotivación. A este sentimiento concurren
factores como la igualación de los soldados y policías con el terrorismo, en lo
jurídico que los nivela como victimarios y condiciona su solución judicial a un
previo acuerdo con el terrorismo; en lo político cambió la palabra seguridad
por la denominación de guerra. Lo peor, en el discurso gubernamental de
protección a la sociedad civil se autoriza tácitamente el atentado contra
soldados y policías, que el Gobierno califica como contendientes de guerra.
Las ofertas de impunidad y elegibilidad a responsables
de atrocidades, que la Corte Constitucional, la Procuraduría y la fiscal de la
Corte Penal Internacional han advertido e intentan precaver. Colombia, país de
normalidad democrática, no debería ser objeto de justicia transicional, sin
embargo, aceptamos amnistía e indulto para guerrilleros rasos, como también su
elegibilidad política. En relación con responsables de delitos atroces,
compartimos la reducción de sentencias pero no la ausencia de pena privativa de
la libertad.
- Objeciones a los acuerdos
publicados. La agenda nacional no se debe discutir con el terrorismo. ¿Qué
puede pensar un muchacho que hace parte de una banda criminal cuando ve llegar
a Romaña a La Habana -el peor secuestrador que haya conocido el mundo- para
discutir la agenda del País?
La iniciativa privada
queda gravemente arriesgada en los acuerdos con la FARC.
Los acuerdos entre el
Gobierno y la FARC son permisivos con los cultivos de droga; indulgentes con el
narcotráfico, que indultan al presentarlo como relaciones en función de la
rebelión; no exigentes de entrega de armas; omisivos para obligar a los
terroristas a proceder como victimarios y entregar recursos y bienes, que
provienen del delito, para reparar a las víctimas.
Sin pretender anticipar
el impacto y la cobertura de los acuerdos definitivos que llegasen a firmar,
nos preocupan los mecanismos de ratificación posibles, que tendrían el riesgo
común de la presión del terrorismo armado a la ciudadanía. El Referendo y la
Consulta Popular, si bien son diferentes porque el primero propone reformar las
normas y la segunda es de alcance indicativo, tienen el vicio de poder
coincidir con otra elección, tal y como fue aprobado en reciente cambio de
jurisprudencia sobre el referendo. Preguntar por la noble palabra paz, en una
nación martirizada, con el agravante de coincidir con otra elección, es
impulsar a un salto emocional, que al afectar el discernimiento sobre los
temas, desviaría la razón de ser de los instrumentos de participación directa.
Hay voces que expresan
que una Asamblea Constituyente, limitada para otros temas, pero libre para
aprobar, improbar o modificar los acuerdos, con todas las garantías de
deliberación, tomaría decisiones en salvaguardia de los valores democráticos de
Colombia, ofrecería espacio de discusión y podría ser un camino siempre y
cuando el grupo terrorista hubiera ya entregado las armas y por ende no
existiera riesgo de presión armada a electores ni a constituyentes.
Si el grupo terrorista
FARC asesina a compatriotas indígenas porque les retiran vallas publicitarias
de sus territorios, ¡qué podremos esperar de acudir a procesos electorales para
pronunciarnos sobre los intereses del grupo armado!
Es fundamental parar la
violencia con un cese unilateral y verificable de actividades criminales por
parte de las FARC. Hablar de cese bilateral seria otro grave sacrificio de la
institucionalidad y un nuevo paso para reducir a los militares y policías a la
cárcel y ubicar al terrorismo en el poder. Es nocivo que el Gobierno coloque a
los generales de interlocutores directos del terrorismo.
Dos fines debería
buscar este proceso: la garantía de No Repetición de la Violencia para las
presentes y futuras generaciones y el respeto a la totalidad de los valores
democráticos.
Esta no es una
discusión sobre prejuicios doctrinarios, al contrario, lo es sobre la imagen
viva de hechos, como los 14.674 secuestros de FARC entre 1998 y 2003, el
asesinato de sus rehenes, con premeditación y anuncio previo, tal como ocurrió
con los diputados vallecaucanos, el gobernador Guillermo Gaviria, el exministro
Gilberto Echeverri y sus compañeros de cautiverio. Esta discusión, en lugar de
ser de doctrina política de salón, debe ser sobre la realidad de un grupo
terrorista que ha secuestrado, vía reclutamiento, a miles de menores (67% de
sus integrantes).
Queremos la paz, en
muchos hay dolores de familia y en todos de patria, no padecemos inhibiciones
que nos impidan el perdón, pensamos que la justicia es necesaria como regla
comunitaria y compartimos la convicción de defender, de verdad, sin actitud
vergonzante, sin timideces, sin dobleces, a la iniciativa económica privada,
incluyente, como función social, pero insustituible.
Alvaro Uribe Vélez es ex presidente de Colombia