Durante más de 14 años
cinco empresas manipularon los precios de productos de la canasta familiar.
Gracias al efectivo
trabajo de la Superintendencia de Industria, en cabeza de Pablo Felipe Robledo,
se logró que varios de los implicados en el supuesto cartel del papel, que
curiosamente son los mismos del cartel de los pañales, confesaran y colaboraran
entregando pruebas.
Se llevaron una
sorpresa quienes pensaban que estaban en pañales las investigaciones
adelantadas por el gobierno para detectar y combatir algunos carteles que
fabricantes o distribuidores tienen con varios productos. La semana pasada la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio otro golpe de opinión al
imputarles pliego de cargos a las reconocidas empresas Familia, Kimberly,
Papeles Nacionales, Drypers y Papeles de Risaralda. El mensaje fue contundente
y dejó en claro su firme intención de ponerle fin a cualquier tipo de alianza
que vaya en contra de los consumidores nacionales.
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| Texto e ilustración de Semana |
Hasta la semana pasada
el país había oído de las investigaciones que la SIC viene adelantando contra
los productores de azúcar, cemento y, recientemente, de pañales para niños.
Pero que cinco reconocidas y prestantes empresas, nacionales y extranjeras, se
hayan unido para manipular a su favor el precio de un producto de aseo
fundamental para los colombianos como el papel higiénico, ha generado una
creciente ola de indignación. Y más en la medida que se ha conocido la forma
como operaba ese aparente cartel.
El asunto no es de poca
monta. En el país hay 13.300.000 hogares, que se supondría consumen en su totalidad
papel higiénico. Sin embargo, debido al bajo nivel adquisitivo y a los altos
precios de este producto, que ahora se sabe fue manipulado en favor de los
fabricantes durante los últimos 14 años sin que operara el libre mercado, cerca
de 3 millones de hogares según cifras oficiales, no usan este producto básico
de la canasta popular. De ahí la importancia de lo que se acaba de develar.
El negocio de los
papeles de aseo supera el billón de pesos al año, de los cuales el 74 por
ciento es para el papel higiénico, 11 por ciento para las servilletas, 10 para
pañuelos para cara y manos, y 5 por ciento para papel de cocina.
A raíz de las
investigaciones que la Superintendencia hizo para detectar el supuesto cartel
de pañales, tres de las mismas empresas, sabiendo lo que se les venía pierna
arriba decidieron ir a la entidad para confesar su participación en la
conformación de presunto cartel. Es decir se convirtieron en delatores.
Entregaron correos electrónicos, documentos y declaraciones. Y es que las sanciones
asustan a cualquiera. Si una empresa es encontrada culpable tiene que pagar
hasta 60.000 millones de pesos, mientras que las personas responsables deberán
cancelar de su bolsillo alrededor de 1.200 millones de pesos. Pero aquellas que
delaten este tipo de prácticas pueden ser perdonadas total o parcialmente.
Comenzó el rollo
Todo comenzó entre
finales de 2000 y mediados de 2001 cuando Productos Familia y Colombiana
Kimberly, a través de sus directivos, acordaron fijar conjuntamente el precio
de la línea tisu (papel higiénico, servilletas, toallas para cocina y pañuelos
para manos y cara) que venden en Colombia.
Para el nuevo acuerdo,
según varios testimonios, directivos de Familia y Kimberly se reunieron en el
Hotel Dann Carlton de Medellín para compartir información sobre los clientes y
canales de distribución, establecer políticas conjuntas para entregar
dispensadores de toallas y promociones y precios. Según uno de los testigos de
la Superintendencia, esto se facilitó con la llegada de un nuevo gerente
general a una de las empresas que tenía relación con la competencia. “A partir
de ese momento las conversaciones fueron más abiertas y frecuentes. Normalmente
hacíamos reuniones institucionales una o dos veces al año, pero desde ese
momento, empezamos a hacerlas más seguidas: cuatro o cinco veces al año…
Discutíamos la situación del negocio, las dificultades del mercado y la
propuesta que cada compañía llevaba para el alza esperada y la fecha del alza:
una empresa salía en enero y la otra en febrero o marzo”, dice uno de los
testigos.
Otra de las pruebas del
aparente acuerdo está en un correo enviado el 26 de diciembre de 2001 por
Hernán Alonso Giraldo, director comercial de Kimberly, a Gabriel Alejandro
Botero, de Familia, con copia a otros directivos de la empresa en el que dice:
“En el archivo pueden encontrar nuestra lista de precios de papel higiénico
para que la revisen y efectúen sus comentarios. Con respecto a servilletas
quería repasar lo acordado, que es un 10 por ciento de incremento y quisiera
que me dieran el precio de las que van para el institucional… con respecto a
toallas de cocina y de faciales pregunto: ¿las subimos también un 10 por
ciento? En espera de sus listas de precios”.
Este duopolio tambaleó,
especialmente en la línea de papel higiénico por las estrategias comerciales y
de generosos descuentos que empezó a realizar la empresa Papeles Nacionales,
cuyo producto estrella es Super Suplex.
En una de las reuniones entre Familia y Kimberly se discutió sobre qué
se iba a hacer con ellos, porque “nos estaban desorganizando, cada vez con más
descuentos, y el canal estaba desesperado pidiéndonos cada vez más y más
descuentos por todos los lados. Entonces dijimos, ‘pues por qué no los llamamos
a ver si están interesados para que entiendan cómo es el negocio’”, dice otro
alto ejecutivo que declaró en la Superintendencia.
Y sí lo estaban. Los
presidentes y altos gerentes de las tres empresas, según varios
testimonios, se reunieron un par de
veces en el Gun Club de Bogotá y, después en otras partes, hasta que lograron
que Papeles Nacionales entrara al acuerdo, que técnicamente no es más que un
cartel. Si entre Familia y Kimberly controlaban el 60 por ciento del mercado,
con la llegada del nuevo aliado, lograron concentrar el 77 por ciento.
La satisfacción de ese
acuerdo quedó consignada en un correo (ver facsímil) entre los directivos de
Familia y Kimberly en el que dice: “Lo más importante ha sido mantener a
Papeles Nacionales en el corral con un esquema hasta la fecha
satisfactoriamente productivo para nuestra rentabilidad y crecimiento”. Anexo a
este correo iba un largo documento en el que se establecían parámetros para
fijar el alza de precios, categorización de clientes por tamaño y sus
respectivos descuentos, autorización para visitar distribuidores de otras
empresas y los precios del papel higiénico y servilletas.
Estos acuerdos eran
monitoreados por los ejecutivos y directivos a través de reuniones en las
oficinas de las empresas o en hoteles y restaurantes. Para evitar problemas
futuros, el supuesto cartel se empezó a llamar como el grupo de los Feos y
muchos de los responsables comenzaron a usar sus correos personales para
enviarse la información. En un correo que Jaime Ignacio López, de Kimberly,
envió el 10 de septiembre de 2004 a otros compañeros de la empresa les dice:
“La reunión de los Feos es el martes a las 12:30 en las oficinas de Familia a
no ser que ustedes quieran un sitio imparcial como un restaurante pirata para
que no los pillen”. Lo que deja ver que ellos eran conscientes de que lo que
estaban haciendo era ilegal.
Según la resolución de
la Superintendencia, lo acordado se monitoreaba constantemente a través de diversos mecanismos de comunicación
y concertación, como reuniones, videoconferencias, teleconferencias, el envío
de correos electrónicos y contacto entre los agentes a través de llamadas, no
solo para el acuerdo, sino para el seguimiento.
Para evitar futuras
distorsiones del mercado, que bajaran el precio de los productos, entre 2003 y
2004 lograron vincular también al grupo Cartones y Papeles de Risaralda (Super
Blanco y Popular). Lo de los papeles higiénicos “funcionaba igual que los
pañales. Yo hablaba con los gerentes de otras compañías y una vez acordábamos
un aumento de precios, hablaba con la categoría, se llamaban, se reunían y se
definían los precios”. Finalmente, el grupo de los Feos quedó sólido y en
adelante se pusieron los siguientes alias: los Feos era la compañía Familia;
los Pitufos, la Empresa Papeles Nacionales; las Rosas, Cartones y Papeles de
Risaralda, y el Kiosko, Kimberly.
Esto quiere decir que
no solo los directivos de las empresas sabían o lideraban el supuesto cartel,
sino que este involucraba a otros directivos y ejecutivos. De hecho, 42
personas también tendrán que responder ante la Superintendencia por esta
investigación y responder por multas que pueden llegar a los 1.200 millones de
pesos por persona.
En 2009 el acuerdo se
alteró con la llegada de una política agresiva de precios por parte de un nuevo
competidor: la multinacional Drypers. A través de sus productos Elite y Noble
logró poner precios hasta 40 por ciento por debajo. Eso alborotó de nuevo el
negocio y las tres empresas trataron de acercarlo al supuesto cartel. Sin
embargo, a pesar de varios intentos, no fue posible porque se trataba de una
política regional.
Según le dijo un alto
directivo de esa empresa a las autoridades, se buscó un contacto con un
altísimo empleado de la empresa en otros países. “No te puedo decir si fue en
Chile, Perú o Ecuador, pero se hizo diciendo: quiero sentarme con usted, quiero
revisar la dinámica competitiva. Esto se refiere a que la política de esta
empresa estaba desvalorizando (el mercado) con descuentos de 40 o 45 por
ciento, con una dinámica promocional súper agresiva”. Al final, es claro que
esta empresa también entró al acuerdo que funcionó hasta mediados de este año, cuando
comenzó la delación del acuerdo.
En la resolución,
firmada por el superintendente delegado para la Protección de la Competencia,
Germán Vaca, “se puede inferir que en el marco del presunto cartel estructurado
por Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles del Risaralda, se
habría fijado de manera directa e indirecta los precios del papel higiénico,
pañuelos para manos y cara, toallas de cocina y servilletas, a través de la
imposición de porcentajes en el aumento de precios, tanto máximos como mínimos
y mediante la estipulación conjunta de los descuentos que se otorgarían por
volumen”.
Según cálculos de la
Superintendencia, las ventas de todos los productos de este sector superan los
12,1 billones de pesos entre 2000 y 2013, y si se fija un aumento artificial de
los precios de entre 10 y 30 por ciento, les pudo haber dejado a las empresas
ganancias adicionales de entre 1,2 y 3,6 billones de pesos.
Las investigaciones
continúan y ahora será el mismo superintendente, Pablo Felipe Robledo, quien
deberá decidir, tras escuchar las respuestas de las empresas, las sanciones y
el porcentaje de descuento de la posible multa. Para algunos, es increíble que
las empresas que se aliaron en contra de los consumidores colombianos, terminen
beneficiándose por las exoneraciones que
les ofreció la Superintendencia por cantar. Es decir, todo apuntaría a que la
misma Kimberly y Familia fueron los delatores y los que saldrán beneficiados.
Al respecto, el
superintendente le dijo a SEMANA que por el contrario, lo que queda en claro
con las investigaciones de pañales, papeles tisu o de aseo y otras cuatro más
que se están haciendo y aún no se han conocido, es que la política de delación
y beneficios que empezó en 2009 es todo un éxito. “Lo que queremos con esta política
pública es que en Colombia no haya ningún tipo de cartel que vaya en contra de
la libre competencia, que en últimas, es la mejor fórmula para proteger a los
ciudadanos más pobres de este país”.
Pero al parecer estas
investigaciones van a extenderse, tal y como ocurrió con el supuesto cartel de
los pañales detectado en Colombia, a otros países de la región, ya que las
mismas empresas compiten en numerosos países de América Latina y hay sospechas
de que el pacto que comenzó con el nuevo siglo pasó las fronteras nacionales.