Semana.com conoció que la orden que pide a la Fiscalía enviar
al alto tribunal la investigación por la muerte de Álvaro Gómez.
El senador liberal Horacio Serpa ha tenido una semana para el
olvido. La Corte Suprema de Justicia tenía en sus manos el futuro de la
investigación contra el congresista, por su presunta relación en el crimen del
líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. La investigación por años la llevó una
fiscal delegada ante ese tribunal. Sin embargo, una decisión de este miércoles
cambio el rumbo del proceso
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Dr. Alvaro Gomez Hurtado |
En exclusiva Semana.com tiene en su poder la decisión de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que con ponencia del magistrado
Gustavo Malo Fernández, le solicita “la Fiscalía General de la Nación, la
inmediata remisión del proceso que se adelanta contra el senador de la
República Horacio Serpa Uribe”
Para el magistrado Malo, es claro que “el doctor Horacio
Serpa Uribe ostenta el fuero constitucional que le atribuye a la Corte, de inmediato, la competencia para
asumir el trámite averiguatorio”, indica la providencia.
Para la Corte es clara la competencia que tiene para juzgar a
congresistas que tengan investigaciones en curso antes de posesionarse como
congresistas como lo prevé la Constitución
en el artículo 186, “crea un fuero especial para los congresistas, que
consiste en la garantía de que estos sólo serán investigados y juzgados por la
Corte Suprema de Justicia por los eventuales delitos que cometan”.
Igualmente la Corte pone de presente la sentencia C-222 de
1996 de la Corte Constitucional, en la que señala que “mientras una persona sea
Congresista, será investigada por la Corte Suprema de Justicia, por cualquier
delito; sin embargo, si la persona ha cesado en su cargo, entonces sólo será
juzgada por esa alta corporación si se trata de delitos relacionados con el
cargo”.
Esta decisión de la Corte Suprema prima sobre la directiva
del fiscal general, Eduardo Montealegre, que señalaba que él tenía la
competencia para seguir investigando a Serpa: “Si la persona en el momento de
posesionarse como parlamentario tenía en curso alguna otra investigación, el
conocimiento de la misma sigue siendo competencia de la Fiscalía”.
En ese orden de ideas se espera que con esta
decisión se destrabe la solicitud realizada por la familia del líder
conservador Álvaro Gómez para que el caso sea declarado de lesa humanidad y no
prescriba en el tiempo