Así mismo el ministerio
público bajó la sanción a rector de la Universidad de Cundinamarca por
irregularidades en contratos de interventoría firmados en el 2011 con el IDM en
la administración de Darío Vásquez Sánchez. La decisión para el rector de la Universidad
de Cundinamarca Adolfo Miguel Polo Solano que fue en segunda instancia, pasó de
once a solo un año
La Procuraduría General
de la Nación en segunda instancia, absolvió de uno de los tres cargos que le
habían sido impuestos a Adolfo Miguel Polo Solano, en su condición de rector de
la Universidad de Cundinamarca, en la investigación disciplinaria que le
adelantaba por irregularidades cometidas en la firma de contratos con el
departamento del Meta para servicios de interventoría.
De once años que había
sido la primera sanción impuesta el 10 de febrero de este año, pasó a doce
meses de suspensión en el ejercicio de su cargo.
Al rector se le
cuestionó no presentar al Consejo Superior Universitario la incorporación al
presupuesto de la Universidad de la totalidad de los recursos recibidos por el
Fondo Especial de Extensión y Proyectos (FODESEP) de la UDEC por concepto de
convenios interadministrativos, como lo evidenció la ejecución del Convenio
Marco 022 de 2011 y los contratos derivados del mismo, suscritos con el
Instituto de Desarrollo del Meta durante el año 2011.
la Procuraduría
Delegada para la Economía y Hacienda Pública evidenció que en los dos omitió
soportar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras, y
la experiencia de la Universidad de Cundinamarca, en desarrollo de la
interventoría de las cesiones de 20 contratos: cinco suscritos en el 2010 y 15
en el 2011.
En la misma decisión,
el ente disciplinario confirmó el fallo proferido el 7 de febrero de 2014 con
el que se sancionó a Toro Franco en su condición de gerente general del
Instituto de Desarrollo del Meta, para la época de los hechos, con destitución
e inhabilidad general de diez años.
El 10 de febrero de
este años en primera instancia la Procuraduría Delegada par a la Economía había
sancionado con destitución e inhabilidad por 11 años a Adolfo Miguel Polo
Solano y a Gilberto Toro Franco por 10 años, en sus condiciones de actual
rector de la Universidad de Cundinamarca y gerente del Instituto de Desarrollo
del Meta (IDM) -para la época de los hechos-, respectivamente.