A pesar de que un fallo
los obliga a dejar su cargo, los magistrados siguen en el Palacio de Justicia.
Los procesos contra los
dos magistrados son gemelos. Ambos fueron presidentes de la Corte Suprema y
luego elegidos en el Consejo Superior de la Judicatura. Imágenes Relacionadas
El Consejo de Estado
anuló la elección de Ricaurte y de Munar hace casi dos meses. Pero a punta de
recursos jurídicos ambos magistrados se han mantenido en el cargo.
Cuando el Consejo de
Estado anuló la elección del magistrado Francisco Ricaurte hubo declaraciones
de júbilo poco usuales en la rama judicial. La presidenta de esa corporación,
María Claudia Rojas, dijo que ese fallo iba a “marcar una pauta” y anunció que “con
esto arranca la reforma a la Justicia”. Pocos entendieron por qué el retiro de
un miembro del Consejo Superior de la Judicatura significaba tanto y cuál era
ese gran revolcón que estaba a punto de darse. Sin embargo, han pasado casi dos
meses y nada sucedió. El magistrado Ricaurte sigue en su puesto. A punta de
recursos jurídicos no solo se ha convertido en el funcionario más duro de sacar
de su cargo sino que su caso tiene en vilo a todas las altas cortes.
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| Foto y texto de Semana. |
En el Palacio de
Justicia le llaman a ese proceso “los gemelos”. El apodo se debe a que existen
dos casos idénticos que están en trámite: el de Ricaurte y el de Pedro Munar.
Ambos fueron presidentes de la Corte Suprema de Justicia y ambos fueron
elegidos como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura recientemente.
Ese ‘cambiazo’ no tendría problema sino fuera porque a los dos los eligieron
los mismos magistrados que ellos habían ayudado a nombrar. El primero había
elegido a 18 de los 19 que le dieron la victoria y el segundo a 15 de los 19.
Esa situación se dio
pues en las altas cortes funciona un sistema de elección conocido hoy como “el
yo te elijo, tú me eliges”. Esa modalidad está permitida por la Constitución de
1991 y no ha habido reforma a la Justicia que no haya intentado modificarla.
Incluso el acto legislativo de equilibrio de poderes incluye la prohibición de
que los magistrados de una corte pasen luego a otra. En el Palacio de Justicia
consideran esa propuesta algo injusta pues ha sido históricamente una práctica
usual y por eso, muchos interpretan que esta lleva el nombre y el apellido de
Ricaurte y de Munar.
¿Qué hace su caso
diferente? Apenas se hizo pública la designación de estos dos magistrados
varios columnistas pusieron el grito en el cielo. Dijeron que la cosa no olía bien
pues ambos cargos estaban vacantes desde junio del año pasado, cuando Ricaurte
todavía era magistrado, y fueron designados solo en noviembre, cuando ya se les
había acabado el periodo y podían ser nombrados en otro cargo. El columnista
Ramiro Bejarano acusó a esa puerta giratoria de ser la responsable de
“transformar las altas cortes en clubes de compadrazgos y privilegiados” y
luego él, la periodista Cecilia Orozco, Dejusticia y otras organizaciones
demandaron las dos designaciones.
Según dijo en ese
momento Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, la demanda buscaba “combatir
el nepotismo, el amiguismo y los carruseles de favores”. Su argumento parece
sencillo, pero no lo es tanto. La Constitución prohíbe lo que popularmente se
llama ‘rosca’: que una persona ayude a nombrar a los familiares de los que le
dieron el puesto. No obstante, no dice nada de cuando el favorecido es el mismo
que nombró a esa persona, es decir “el yo te elijo, tú me eliges”. Lo que
sostiene la demanda es que si está mal hecho nombrar familiares, nombrar al
protagonista de la prohibición está aún peor.
Esa discusión, que
suena lógica, dividió al Consejo de Estado. La pelea era dura. No solo se
trataba de tumbar a un colega sino de generar un precedente contra ellos
mismos. Así como la sentencia de las megapensiones (que reducía las mesadas de
los togados) hizo estallar una crisis en la Corte Constitucional, el caso de
Ricaurte y de Munar fue una bomba en el Consejo de Estado. Los magistrados
Stella Conto, la ponente del caso, y Alberto Yepes lideraron la tesis de que
había que anular la elección y después de horas de intensos debates finalmente
ganaron el pasado 25 de junio.
Tumbar a Ricaurte no
era fácil. En los pasillos judiciales reconocen al cartagenero como uno de los
hombres más poderosos de la Justicia. El hoy presidente del Consejo Superior de
la Judicatura tiene una mezcla muy difícil de encontrar: habilidad jurídica y
carisma. Ricaurte comenzó su carrera como escribiente de un juzgado y llegó a
ser presidente de la Corte Suprema de Justica en el peor momento de la guerra
con el presidente Uribe. Tener esa vocería en la época de la parapolítica y las
chuzadas (cuando los magistrados eran más héroes que protagonistas de
escándalos) le dio peso, poder y prestigio. Tanto que sus colegas cuentan que
durante años era muy difícil ser magistrado sin su visto bueno y que durante la
reforma a la Justicia de Santos muchas de las reuniones entre magistrados y
congresistas se hicieron en su casa.
La dupla que hace con
Pedro Munar le ha permitido a su vez jugar la estrategia de ‘policía malo,
policía bueno’. Munar es un hombre discreto que pocas veces entra en
confrontaciones y, aunque ha mantenido un muy bajo perfil, ha cumplido un papel
clave en el proceso. Ambos han desplegado una artillería jurídica solo
comparable con la que usó Gustavo Petro frente a su destitución.
Lo primero que hicieron
fue recusar a varios de los magistrados. A Gustavo Gómez y María Claudia Rojas
por haber dado declaraciones a medios de comunicación y a Marco Antonio Velilla
por haber estado en una terna para fiscal cuando Ricaurte era presidente de la
Corte Suprema. Una vez salió el fallo, la estrategia ha sido similar pero no a
nombre propio. La directora ejecutiva de Administración Judicial, Celinea Oróstegui,
subalterna de ambos, pidió la nulidad del proceso pues ella no había sido
notificada. El Consejo de Estado no solo negó esa petición sino que multó a la
señora Oróstegui con 3 millones de pesos y compulsó copias a la Fiscalía para
que la investigue por un eventual fraude procesal. Posteriormente interpusieron
un recurso de súplica y la aclaración del fallo. Con estos artilugios jurídicos
ambos se han atornillado al puesto.
Hay más elementos que
sostienen a Ricaurte y a Munar en sus despachos. Quizás el más fuerte es
Alejandro Ordóñez. El procurador sería el más perjudicado si la sentencia de
estos dos magistrados queda en firme. En el Consejo de Estado se está
debatiendo una demanda similar sobre su reelección y este precedente sería
vital. El segundo periodo de Ordóñez se debe en gran parte también al “yo te
elijo, tú me elijes”, pues la Corte Suprema lo ternó y algunos familiares de
magistrados trabajan en la Procuraduría.
También hay razones
para que ellos no quieran irse. Aunque no tiene glamour –y hasta se ha vuelto
un desprestigio–, el Consejo Superior de la Judicatura tiene mucho poder. Entre
seis personas (y ellos son dos) manejan todo el presupuesto de la rama
judicial, estimado en 2,7 billones de pesos. Y son sobre todo claves en la elección
de magistrados pues hacen las listas de aspirantes que luego eligen las mismas
cortes (salvo la constitucional que es elegida en el Congreso). En este
momento, por ejemplo, hay 12 vacantes, diez en el Consejo de Estado y dos en la
Corte Suprema. Ricaurte y Munar serían definitivos en seleccionar quiénes
llegan a esos puestos. Aunque la reforma de equilibrio de poderes eliminaría la
Judicatura, estos cupos alcanzarían a proveerse.
El impacto que tiene el
caso de estos dos magistrados es enorme. Por un lado, porque por cuenta de los
carruseles de pensiones, los cruceros y los Villarragas la Justicia ha
alcanzado el mayor nivel de desprestigio de su historia (79 por ciento de
imagen negativa, según la encuesta de Gallup). Por otro lado, este es un momento
en que se está reacomodando el ajedrez. Si pasa la reforma al equilibrio de
poderes esas prohibiciones serían por esa vía una realidad. El golpe que le
daría a las cortes este revés sería muy duro para su imagen, pero también muy
difícil de capotear en la dura negociación que se viene para ellos. Por eso,
esta nueva coyuntura ha hecho que muchos magistrados sientan hoy que en el caso
de Ricaurte y de Munar no solo se juega su prestigio, sino también su futuro.