La Procuraduría General
de la Nación citó a audiencia pública a la señora Bertha Sofía Díaz Quevedo, en
su calidad de asesora de la Gobernación del Guaviare, quien no habría cumplido
con las funciones propias de este cargo.
La diligencia verbal se
lleva a cabo el hoy 7 de octubre, a
partir de las 9:00 de la mañana, en el despacho del procurador regional del
Guaviare, ubicado en la Calle 9ª No. 23-74 en el barrio Centro de San José del
Guaviare (Guaviare).
De acuerdo con la investigación, la señora
Díaz Quevedo se posesionó el 3 de septiembre de 2012 como asesora del despacho
del gobernador del Guaviare, cargo que al parecer no podía ejercer en la
capital de ese departamento porque se encontraba estudiando una carrera
profesional en la Universidad La Gran Colombia en Bogotá, en la modalidad
presencial en el segundo semestre de 2012 y primer semestre de 2013, cuando el
cargo exige la permanencia y presencia en lugar de trabajo.
Señala el Ministerio
Público que este cargo únicamente podría ser ejercido en la ciudad de San José
de Guaviare, porque en esta capital se encuentra ubicada la planta física donde
funciona la Gobernación. Por lo tanto,
la investigada habría incumplido sus deberes, su horario de trabajo y no habría
permanecido en su lugar de trabajo “lo que en últimas configura un presunto
abandono injustificado del cargo”.
De otra parte, se
estableció que la señora Díaz Quevedo al parecer incurrió en peculado por
apropiación porque habría recibido por concepto de salarios la suma de $22’505.122,
pese a que para la fecha que aparentemente estuvo vinculada a la Gobernación
del Guaviare en el cargo para el cual fue nombrada, era imposible ejercer el
mismo porque se encontraba estudiando, de manera presencial, la carrera de
derecho en la ciudad de Bogotá de lunes a sábado en horario de 6:00 a 10:00
p.m.
Por estos hechos, la
Procuraduría ordenó compulsar copias para que se investigue al señor José
Octaviano Rivera Moncada, actual gobernador del Guaviare; a Diana María López
Rentería, en su condición de secretaria administrativa; y a Macedonio Silva
Espitia, en su condición de tesorero pagador, secretario de Hacienda y jefe de
la Oficina de Control Interno de Gestión; ante la Procuraduría General de la
Nación y la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se establezca la
responsabilidad penal de los antes mencionados por presunto favorecimiento y
peculado por apropiación en favor de tercero, entre otros.
En el caso del actual
mandatario del Guaviare la Procuraduría agregó que se hace necesario determinar
su responsabilidad en estos hechos pues, al parecer habría favorecido a la hoy
investigada “no solo con el nombramiento sino también con las autorizaciones de
comisiones de desplazamiento a la ciudad de Bogotá en un tiempo récord o maratónico,
desconociendo que esta no tenía funciones legales para cumplir en su condición
de asesora del despacho, lo que lo obligó a delegarle unas funciones dentro de
unas supuestas comisiones (..)”.