RCN La Radio
La juez primera penal municipal con
función de control de garantías Libertad Galíndez, decidió declarar en Popayán
la legalidad de la captura de los 33 uniformados vinculados a la investigación
por el asesinato de Jhon Eyder Mina Wasá el pasado 26 de septiembre.
La juez se pronunció frente a los argumentos
de la defensa que señaló que los militares fueron privados de su libertad desde
el pasado lunes cuando fueron llevados a las instalaciones de la tercera
brigada con sede en Cali y fueron aislados, sin derecho a comunicarse con sus
familiares.
La juez dijo que no
podía manifestarse sobre las actividades realizadas dentro de las instalaciones
castrenses pues los detenidos están sometidos a un régimen militar en donde
existen figuras como el acuartelamiento.
Frente al papel del
CTI, la juez finalmente dijo que se desarrollaron todas las actuaciones bajo
las normas y la ley y por esa razón la captura quedo legalizada.
A esta hora se escuchan
los recursos de apelación interpuestos por cada uno de los ocho defensores.
También se indicó que una vez termine la audiencia se iniciará la imputación de
cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.
Desarrollo de la audiencia de legalización de captura
En la tarde de este
jueves en el Palacio de Justicia de Popayán, se desarrolló la audiencia de
legalización de captura de los 33 militares implicados en el caso de la muerte
del campesino en Guachené.
La juez que preside la
diligencia escuchó los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa
de los detenidos.
Durante la diligencia
también se completó la recepción de las versiones de tres soldados, un cabo
primero y el teniente que comandaba el pelotón responsable del retén en medio
del cual murió Jhon Heyder Mina.
La defensa de los
implicados pedía que se declarar ilegal el procedimiento de captura y ante esto
se buscó que los militares dieran su propia versión sobre la forma en que se
presentó la captura y cómo fueron conducidos hasta las instalaciones de la
Tercera Brigada en Cali, donde fueron aislados.
Los abogados defensores
de los acusados argumentaron que los militares fueron privados de su libertad
antes de las diligencias del CTI, pues fueron obligados a entregar el
armamento, los celulares y se les prohibió hablar con sus familiares, versiones
que coinciden de los tres soldados y el teniente.