RCN La Radio
En fallo de primera instancia el juzgado
Primero Administrativo de Villavicencio compulsó copias con alcances penales,
disciplinarios y fiscales contra la ex jefe de la oficina jurídica de la
Gobernación Liliana Lara, el ex asesor jurídico Rodrigo Patiño y el ex
gobernador del Meta Darío Vázquez Sánchez por las presuntas irregularidades
cometidas con la firma del contrato por 500 millones para que un bufet de
abogados recuperara los 172 mil millones de pesos entregados en negocios
fiduciarios en pasadas administraciones.
El juez también ordenó
en primera instancia suspender el millonario contrato el cual a la fecha no ha
entregado ningún resultado de recuperación de los dineros públicos. La demanda
de acción popular que falló el juzgado, reclama daños contra la moralidad y el
patrimonio público debido a que los 500 millones ya fueron pagados a los
abogados contratados
El departamento se
ahorrará de tener que pagar el 20% de lo que se recupere en las fiducias q van
por 700 mil millones.
Y además de devolver
los 500 millones que les pagaron por adelantado.
Por qué se comprobó que
el departamento contaba con más de 15 abogados externos y 12 de planta, hecho
que demuestra que no había necesidad de contratar más profesionales del
derecho.
La demanda de acción
popular la instauro el abogado Andrés Pineda, reclamando daños contra la
moralidad pública y el patrimonio público.
“La administración
actual ha sido muy pasiva ante este tema” afirmó el abogado Andrés Pineda ante
la actitud del gobernador del Meta Alan Jara con respecto al caso del bufete de
abogados contratados durante la anterior gobernador Darío Vásquez. Aseguró el
letrado que la anterior gobernación cometió detrimento al contratar abogados
teniendo la Gobernación los suyos propios
En entrevista con RCN
La Radio, el abogado Andrés Pineda habló con respecto al caso del bufete de
abogados que el gobernador de la época, Darío Vásquez Sánchez, contrató para
recuperar 172 mil mllones de pesos que estaban invertidos en fiducias.
Reveló el abogado Pineda
que la contratación de los abogados del bufete Lizarralde y Asociados era
innecesaria ya que la Gobernación ya tenía en ese momento doce profesionales de
planta y 16 externos. Igualmente que a los letrados contratados, aparte de
habérseles pagado por adelantado, no sólo no han recuperado un solo peso sino
que también se han limitado a firmar poderes.
Reveló también el
abogado Pineda que entre los términos acordados con el bufete estaba el que se
les pagaría con el 20% de los dineros recuperados, independientemente del monto
que fuere. A estas alturas, el monto de lo que debe ser recuperado es superior
a los 700 mil millones de pesos.
Igualmente el gobierno
Jara tampoco se escapa de los señalamientos. El abogado Pineda afirmó que ha
sido muy pasiva la actitud del gobernador actual, Alan Jara Urzola, con
respecto a este problema. Además cuestionó el hecho de que la Gobernación esté
aceptando como resarcimiento locales comerciales en otras ciudades del país
como Armenia.