CARACOL
Mientras la Fiscalía radicó un paquete de imputaciones
masivas contra los máximos responsables de delitos de lesa humanidad de las
Autodefensas, estos ya alistan las maletas para su inminente regreso a la
libertad.
442 integrantes de las autodefensas están en la puerta de la
libertad luego de pagar una condena de ocho años de prisión como pena
alternativa en la llamada ley de justicia y paz firmada durante el gobierno del
expresidente Álvaro Uribe.
Entre quienes saldrían a disfrutar de un día de sol en un
parque, están los responsables de masacres como Macayepo, El Salado, Mapiripan,
El Chengue y Caño Jabón, con un saldo de víctimas que hoy, 15 años después,
aumenta cada vez que un desmovilizado recuerda el sitio de una fosa común. En
cifras de la Fiscalía son más de 400.000 las víctimas.
“Se hace una valoración del cumplimiento de los propósitos de
justicia y paz, es decir si entregaron una verdad judicial, si entregaron
bienes para reparar a las víctimas y otros que quedaron consignados en la misma
ley, para que luego pasen a una libertad a prueba”, señaló Leonardo Cabana
coordinador de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
De los 4.163 integrantes de los paramilitares que se
desmovilizaron en 2005, cerca de 2.000 ya fueron excluidos de los beneficios de
justicia y paz y antes de diciembre saldrán de los centros de reclusión
especial por lo menos 442. Entre los casos más sonados de exclusión están los
de Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, Francisco Javier Zuluaga alias
“Gordo Lindo” y otros aún pendientes como Carlos Mario Jiménez alias “Macaco” ,
Marco Tulio Pérez Guzmán, alias “El Oso” y Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40.
“Durante el transcurso del proceso de justicia y paz han sido
excluidos 2.200 postulados por incumplir los propósitos de la misma ley, pero
el resto han sido valorados y revisados por los magistrados de justicia y paz
que han determinado que cumplieron con esos compromisos por eso siguen en el
programa y saldrán antes de diciembre”, dijo el funcionario
Los compromisos fueron de parte y parte. Mientras los
paramilitares juraron entregar los bienes que consiguieron durante su carrera
criminal, contar toda la verdad de sus hechos, ingresar a un proceso de
resocialización, reparar a las víctimas, no volver a los sitios de influencia y
obviamente no volver a delinquir, el gobierno aseguró respetar los beneficios
otorgados en esta ley, como es la pena alternativa.
El tiempo de ocho años, pasó de un soplo y los jefes paras
este año podrán cantar villancicos en su casa. La Fiscalía en una contra reloj
realizó las imputaciones a la espera de unas macro sentencias, que a la hora de
la verdad son sólo una advertencia para que no vuelvan delinquir, porque nada,
en palabras del coordinador de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía,
podrá evitar que salgan antes del mes de diciembre.
Lo que sorprende es que mientras jefes paramilitares como
alias el Alemán, el Iguano, Diego Vecino y Don Antonio, tiene un pie en la
calle, otros como alias El Águila, Botalón, Ernesto Báez o Ramón Isaza, no
tienen una sola condena más allá de la pena alternativa, es decir que de salir
a la calle y de repetir sus acciones delictivas se tendría que iniciar de cero
una nueva investigación. Esa, es la verdadera preocupación de la Fiscalía.
“Son máximos responsables de las Autodefensas que hasta la
fecha no tienen condenas y a quienes imputamos el año pasado a la espera que
este semestre se den las condenas antes de que queden en libertad”, agregó
Cabana.
Por el lado de las Farc, es Elda Neyis Mosquera alias Karina
quien gozará de la libertad antes del mes de diciembre, ella junto alias Martín
Sombra fueron beneficiados con la ley de justicia y por tanto después de los
ocho años de la pena alternativa tienen derecho a pedir su libertad, como
efectivamente lo harán, en el caso de Martín Sombra el próximo año.
REQUISITOS DE LIBERTAD, SEGÚN LA FISCALÍA
Según Justicia y Paz las imputaciones masivas hacen parte de
una estrategia de la Fiscalía para lograr que los máximos responsables de
crímenes de lesa humanidad respondan por sus actos. Por eso antes de quedar en
libertad, las solicitudes que radiquen los abogados pasan a un estudio de los
magistrados de Justicia y Paz, se compara con la información que entregó la
Fiscalía, luego de eso se toma la decisión. Pero lo cierto es que si en ocho
años no fueron excluidos de justicia y paz en menos de cuatro meses es poco lo
que se puede comprobar los incumplimientos.