El Consejo de Estado
recordó que las autoridades públicas tienen la obligación de velar por la
integridad y seguridad de todas las personas que se encuentran sometidas a
custodia y protección por privación de la libertad.
La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella
Conto Díaz del Castillo, dijo que algunas de esas obligaciones consisten en
verificar y conjurar amenazas contra la vida de las personas que tiene a
disposición bajo arresto.
El pronunciamiento lo hizo el Alto Tribunal al condenar a la
Fiscalía General de la Nación a pagar más de 1.475 millones de pesos a la
familia del excontralor del municipio de Sonsón (Antioquia), quien se
encontraba bajo detención domiciliaria y bajo la responsabilidad del ente de
control, pero el 12 de junio de 1994 fue sacado abruptamente de su lugar de
detención por varios hombres armados que se identificaron como funcionarios de
la Fiscalía General de la Nación y conducido hacía un rumbo desconocido.
La Sala aclaró que no se cuestiona a la Fiscalía porque
concedió el beneficio de la detención domiciliaria, sino porque incumplió el
deber de custodia y protección, lo que facilitó la comisión de un delito de
lesa humanidad: la desaparición forzada, calificada como delito de lesa
humanidad en el año de 1983 por la Organización de Estados Americanos (OEA),
mediante la Resolución 666 XIII-0/83.
Además, según el fallo, la medida de aseguramiento
consistente en detención domiciliaria, al limitar varios derechos, así como la
detención en centro carcelario, “genera obligaciones de vigilancia y protección
por parte de quien adoptó la decisión restrictiva”, señala la providencia.
Finalmente, el fallo señala que el hecho de que no se haya
podido establecer la identidad de los plagiarios, no exime a la administración
de responsabilidad, pues tenía el deber de desplegar la actividad necesaria
para proteger al detenido.
Incluso, si no se contaba con el apoyo de autoridades
carcelarias y de policía no se garantizaba la protección requerida luego que el
detenido hubiese denunciado amenazas por parte del senador Fabio Valencia
Cossio y del Comandante de la Policía de Sonsón, capitán Héctor Fabio Pérez
Cárdenas, así como de candidatos a la Alcaldía.