La Procuraduría General de la Nación, a través de la
Provincial Villavicencio, ha dado continuidad a la actuación preventiva en
materia de salud que desarrolla en los establecimientos penitenciarios y
carcelarios ubicados en los municipios de Acacías y Granada (Meta), y le ha
solicitado tanto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como
a la EPS del régimen subsidiado Caprecom, adelantar las gestiones que sean
pertinentes para cesar la vulneración de los derechos de la población
carcelaria.
La Coordinación de Sanidad del Establecimiento Penitenciario de Acacías puso recientemente en conocimiento de la Procuraduría que no se ha prestado el servicio de atención intramural en lo que va corrido del 2014, situación que genera graves riesgos para la salud y la vida de los internos, y que no presenta una perspectiva de solución favorable dado que el proceso de contratación fue suspendido por orden de la Dirección General de Caprecom EPSS.
La Coordinación de Sanidad del Establecimiento Penitenciario de Acacías puso recientemente en conocimiento de la Procuraduría que no se ha prestado el servicio de atención intramural en lo que va corrido del 2014, situación que genera graves riesgos para la salud y la vida de los internos, y que no presenta una perspectiva de solución favorable dado que el proceso de contratación fue suspendido por orden de la Dirección General de Caprecom EPSS.
Este organismo de control tiene asimismo conocimiento sobre
las carencias en materia de abastecimiento de insumos médico quirúrgicos y
medicamentos, además de las deficiencias en cuanto a la disponibilidad de
profesionales de la salud; se ha establecido por ejemplo que el establecimiento
penitenciario de Acacías cuenta con una sola auxiliar de enfermería del Inpec.
El Ministerio Público espera la oportuna respuesta tanto de parte del Inpec como de Caprecom, para que se garanticen los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la población reclusa.
Considera asimismo la Procuraduría General de la Nación, de
ser necesario, poner en conocimiento de la instancia disciplinaria la situación
que en materia de prestación del servicio de salud enfrenta este
establecimiento penitenciario y carcelario.
El Ministerio Público espera la oportuna respuesta tanto de parte del Inpec como de Caprecom, para que se garanticen los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la población reclusa.