“Es en sus zonas donde está la producción y si se legaliza o
se despenaliza la droga, se libera la producción”.
“Quieren destruir a
nuestra juventud con infinidad de pretextos. Nos dicen como argumento
fundamental que se ha perdido la lucha contra la droga. Eso es una falacia, es
una mentira, no es cierto”, agrega.
“El consumo ha aumentado como consecuencia de la
despenalización de la droga en sentencia de la Corte Constitucional del año
1994”.
“Los beneficiarios en nuestro país hoy de la legalización de
la droga son las FARC”, asegura el procurador general de la Nación, Alejandro
Ordóñez Maldonado, al analizar las nuevas tentativas de despenalización de drogas
sintéticas y las problemáticas de violencia que padece Colombia por el consumo
de todo tipo de alucinógenos.
Según el jefe del Ministerio Público, una eventual
legalización de las drogas beneficiaría los intereses del grupo ilegal, pues
“es en sus zonas donde está la producción y si se legaliza o se despenaliza la
droga se libera la producción. Ellos tienen la producción y por eso ellos son
los beneficiarios”.
“Se benefician los
grandes intereses financieros, los grandes grupos económicos, las empresas
farmacéuticas. Es que el mercado del consumo de las drogas en el mundo asciende
a 400 mil millones de dólares al año. ¿Legalizada la droga quién va a
producirla?, ¿quién va a suministrarla? Por eso hay grandes intereses
financieros que están ambientando en todo el mundo estos esfuerzos
despenalizadores o legalizadores”.
El doctor Ordóñez Maldonado lamenta que frente a este tema se
intente “destruir a nuestra juventud” y confundir a la sociedad colombiana “con
infinidad de pretextos”.
“Nos dicen como argumento fundamental que se ha perdido la
lucha contra la droga. Eso es una falacia, es una mentira, no es cierto. La
droga no es mala porque esté prohibida, está prohibida por el daño que causa a
los jóvenes, a la sociedad y a la familia”.
“No nos podemos quedar callados, no podemos ser testigos de
la disolución de nuestra sociedad”
El jefe del Ministerio Público sostiene su postura en “los
avances que se han producido en la lucha contra las drogas” y en las
responsabilidades constitucionales y éticas que posee como procurador general
de la Nación.
“Si no queremos asumir esas responsabilidades tendremos que
mejor renunciar a nuestra investidura, pero tendremos tener también que dar
cuentas por la cobardía que tuvimos”.
“Otra aseveración que es falaz es que en Colombia los adictos
son delincuentes. En Colombia no hay un adicto que por ser adicto esté en la
cárcel. En Colombia los adictos son enfermos y por eso menester es los
procedimientos preventivos, terapéuticos y profilácticos. Lo que pasa es que en
Colombia, por ser un país productor, el otro ingrediente de la política
antidrogas es la política criminal, porque aquí hay consumidores, productores,
traficantes, porque como consecuencia del tráfico se alimentan las empresas
criminales”, agrega.