La jefe de la Contraloría, Sandra Morelli Rico, aseguró que
la entidad que dirige tiene un deber constitucional y legal de examinar y
revisar la información de las personas jurídicas y naturales que contratan con
recursos públicos, como es el caso de esos 53 particulares, exministros,
congresistas y empresarios que han sido contratistas de Saludcoop.
Morelli Rico explicó que ese cruce de información que ella
solicitó al Laboratorio de Informática Forense es un procedimiento de rutina y
que las copias espejo que tomo el ente de control de la EPS tiene fundamento
jurídico.
Las investigaciones de esta empresa tuvieron origen en
denuncias de la ministra de Salud sobre el monto de las captaciones y están
siendo investigadas todas las EPS por los mismos hechos.
Finalmente, la funcionaria señaló que en ningún caso la
Contraloría ha realizado interceptaciones de llamadas telefónicas ni de correos
electrónicos, de cualquier persona del sector público o privado.