El jefe del Ministerio Público instó a que se normalicen las
actividades y reconoció el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los
representantes de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.
Los empleados de la justicia que persisten en el cese de
actividades podrían tener consecuencias disciplinarias, así lo indicó el
procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al ordenar la
apertura de indagación preliminar para determinar posibles responsabilidades
por los efectos adversos que deja el paro en la justicia.
Al avalar el acuerdo a que llegaron el Gobierno Nacional, los
representantes de Asonal Judicial y funcionarios de la Rama, el procurador
general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, instó a los empleados de la
administración de justicia en todos los distritos judiciales del país para que
retornen inmediatamente sus labores.
El jefe del Ministerio Público precisó que no existen razones
para persistir en el cese de actividades, luego de haberse concretado desde el
Gobierno Nacional las fórmulas de arreglo que buscan responder a las
reclamaciones de los servidores de la justicia.
Indicó que las entidades encargadas de pagar los salarios de
los empleados judiciales deben reconocer solamente el servicio prestado
adecuadamente, al tiempo que instó a los empleados de la justicia a que
compensen el tiempo perdido con el fin de poner al día los despachos
judiciales.
Finalmente, hizo un llamado a la fuerza pública para que se
respete el libre acceso de la ciudadanía a la administración de justicia.