La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos
contra el señor José Leonidas Soto Muñoz, en su calidad de gobernador del
departamento de Vaupés, por la presunta suscripción de varios contratos para un
mismo fin.
Así mismo fueron cobijados con esta determinación
disciplinaria los señores Gustavo Enrique Martínez Díaz, en su condición de
secretario de Educación de Vaupés; William Enrique Rosales Vargas, en su
calidad de secretario jurídico del departamento y encargado de las funciones de
gobernador del Vaupés; y el señor David Amézquita Driss, secretario de Gobierno
y Administración de la citada Gobernación, encargado de las funciones de
gobernador para la época de los hechos.
De acuerdo con la investigación, el gobernador titular Soto
Muñoz y los señores Rosales Vargas y Amézquita Driss, en su calidad de
gobernadores posiblemente incurrieron en
fraccionamiento de contratos, pues suscribieron de manera directa y dentro de
la misma vigencia fiscal seis contratos con el mismo objeto consistente en la
prestación del servicio de transporte aéreo para el traslado de personal y
bienes del municipio de Mitú hacia las instituciones y centros educativos de la
zona rural de Vaupés.
El pliego de cargos señala que el gobernador José Leonidas
Soto encargó a su secretario jurídico, señor Rosales Vargas, la suscripción de
los contratos 009 y 010 de 2008; a su secretario de Gobierno, señor Amézquita
Driss, la firma del contrato 026 de 2008; y firmó directamente los contratos
099, 100 y 116 de 2008.
Los seis contratos sumados superan los 531 millones de pesos,
valor que obligaba a surtir el procedimiento de licitación pública, “cuyo rango
va desde $129.220.001 en adelante” y no
recurrir a la contratación directa, como habría sucedido en este caso.
Así mismo se formuló pliego de cargos contra el señor
Martínez Díaz, en su calidad de secretario de Educación del Vaupés, porque al
parecer elaboró y aprobó los estudios previos y de conveniencia que sirvieron
de soporte para la celebración de los contratos 009 y 010 suscritos por el
señor Rosales Vargas.
Por último, la Procuraduría cuestiona la conducta de los
señores Soto Muñoz, Rosales Vargas y Amézquita Driss porque al parecer
incurrieron en un sobrecosto en varios de los contratos suscritos, al pactar el
pago de valores superiores a los cotizados, con lo cual habrían incrementando
en forma injustificada el patrimonio a favor de un tercero.