La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años
al señor José González Torres, en su calidad de alcalde del municipio de Mitú
(Vaupés), por las irregularidades presentadas en la ejecución de un contrato de
consultoría celebrado con un particular en el año 2007.
El exmandatario incurrió en falta disciplinaria por cuanto en
el marco de un contrato de consultoría no exigió al contratista la ejecución
idónea y oportuna de este, a pesar de que el supervisor le informó sobre los
incumplimientos presentados en las fases III, IV y V del contrato y le solicitó
hacer efectiva la multa por este concepto.
Pese a que el contrato no se cumplió a cabalidad, el
exmandatario certificó al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)
que se habían cumplido satisfactoriamente las Fases IV y V del contrato y con
ello dio lugar a que le pagaran al contratista el valor total de la
consultoría, sin tener derecho a ello.
La Procuraduría advirtió que “el disciplinado no podía
desconocer las advertencias y las solicitudes elevadas por el supervisor en
cuanto al incumplimiento del contrato y la adopción de medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento del mismo, porque precisamente era él quien
directamente ejercía la vigilancia y control sobre el contrato”.
El Ministerio Público advirtió que contra este fallo de
primera instancia procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de
la Procuraduría General de la Nación.