En el limbo jurídico y en expectativa está el Concejo de la
capital del Meta por la decisión que se tome en la segunda instancia en la
Procuraduría Delegada para la Moralidad Administrativa en Bogotá, donde ya fue
radicada la apelación al fallo de la Procuraduría Regional con el cual destituyó
e inhabilitó a los 19 ediles y a la contralora municipal, Luz Victoria Leal
Carrillo, por la presunta elección irregular de la representante del ente de
control en enero de 2012.
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| Foto Archivo |
La supuesta inhabilidad de la Contralora surgió cuando fue
funcionaria de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio en el
año 1998, cuando fue sancionada con responsabilidad fiscal a pagar 50 millones
de pesos, que canceló apenas unos días antes de que se venciera el plazo para
la postulación de los candidatos a ocupar el nuevo cargo en 2011.
Si el fallo es confirmado por la Procuraduría General en
Bogotá, subirían como concejales quienes sacaron las segundas votaciones en
cada lista del voto preferente, a partir de octubre.
El abogado que instauró la denuncia ante la Procuraduría,
Pedro Manuel Pérez, aseguró que los 19 concejales estaban plenamente informados
sobre la supuesta inhabilidad de la Contralora y pese a esa advertencia, ellos
decidieron elegirla de manera unánime.
Por su parte, el presidente del Concejo de Villavicencio,
Óscar Alejo, replicó y señaló que el Procurador Regional, Orlando Sánchez
Álvarez, no tuvo en cuenta todas las pruebas y la información aportada en la
investigación para demostrar el actuar correcto de los cabildantes durante la
elección.
La destitución y la inhabilidad, en primera instancia, será
por 10 años. Según la denuncia que dio inicio a la investigación, la Contralora
se presentó al concurso de méritos convocado por los Tribunales del Meta para
integrar la terna respectiva, teniendo una sanción fiscal que pagó el 3 de
noviembre del año 2011.