El dirigente gremial, Juan Martín Caicedo Ferrer, aseguró que
"esas adiciones no se hicieron por debajo de la mesa. Lo cierto es que las
adiciones que la Contraloría cuestiona fueron revisadas y aprobadas por las
entidades contratantes y sometidas a todos los filtros previstos en la ley, e
incluso a algunos más, como el Conpes, el Confis y el Consejo de
Ministros".
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| Juan Martin Caicedo F |
Con la bendición o no del funcionario de turno, a 1.5
billones de pesos asciende el monto de las irregularidades encontradas por la
Contraloría General de la República en un proceso de auditoría practicada a la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en lo concerniente a concesiones
viales en el país.
Mediante un comunicado de prensa, el órgano de control de las
finanzas públicas le advierte a Caicedo Ferrer que “es irrelevante que esas
adiciones hayan sido autorizadas o socializadas, pues lo definitivo son los
impactos contrarios a los intereses del Estado ya que representaron ganancias
adicionales para los concesionarios que, la mayoría de las veces, no contaban
con soporte contractual”.
El órgano de control agrega que “es importante resaltar que
los detrimentos que se derivan de esta auditoría no se originan por la
suscripción de la adición o modificación per se, sino que también se dan por
las practicas que se evidenciaron en el desarrollo de estas actuaciones”
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| Puente de Chirajara. Via Bogota Villavicencio. Foto Archivo |
En una auditoría practicada a la ANI, en la vigencia de 2011,
se evaluaron 11 concesiones viales y se encontró que inicialmente la totalidad
de los contratos tenían un costo de 2 billones de pesos pero sumándole los
recursos en adiciones pactadas después de firmar los contratos, el valor total
de las concesiones ascendería a 9 billones de pesos, cifra que es tres veces
mayor al monto que, para este año, la Nación presupuestó para atención a
víctimas del conflicto armado en Colombia.
Estas concesiones viales son Armenia-Pereira-Manizalez, Bogotá-Villavicencio,
Cartagena-Barranquilla, Cordoba-Sucre, Devimed, Devinorte,
Fontibón-Facatativá-Los Alpes, Pereira-La Victoria, Santa Marta-Paraguachon,
Zipaquirá-Palenque y Zona Metropolitana Bucaramanga.
En la auditoría se identificaron 60 hallazgos fiscales, 162
disciplinarios, 22 penales y se realizó la apertura de 28 investigaciones
preliminares. En sólo esta auditoría se encontraron irregularidades por 758.705
millones de pesos.
En el caso de la adiciones presupuestales, llama la atención
que la vía Bogotá-Villavicencio pasó de tener un valor de 348.740 millones de
pesos a 2 billones de pesos. Lo mismo sucedió con la concesión Santa Marta-Paraguachón,
la cual tenía un costo inicial de 125.123 millones de pesos para terminar en 1
billón de pesos.
En sólo adiciones presuntamente irregulares se encontraron
siete hallazgos disciplinarios y se abrió una investigación preliminar. A parte
de esto, se hicieron adiciones y modificaciones a los contratos sin hacer el
debido análisis de precios del mercado.
Según la Contraloría, “no se cumplió el cronograma
establecido contractualmente ni financieramente (aportes), ni en entrega física
de obra, lo cual conlleva un lógico presunto detrimento por desplazamiento del
cronograma. No es lo mismo hacer las inversiones en tiempo pactado a hacerlas
uno o dos años después; no es lo mismo obligarse a entregar vías u obras en el
tiempo pactado a entregarlas uno o dos años después. Esto se tiene que
reconocer para el estado, lo mismo que se les reconoce a los contratistas
cuando es el estado quien incumple”.
La contraloría además evidenció que “el pago de obras no
ejecutadas y que fueron cobradas dentro de la Concesión. Adicionalmente, se dio
el cobro de mantenimientos sobre las obras que no habían sido ejecutadas ni
entregadas. Se modificaron las tarifas de peajepactadas inicialmente con el
concesionario y les han permitido cobrar por encima de lo contractualmente
establecido. Se reconoce un plazo superior al pactado para que el Concesionario
tenga acceso a los peajes. No se reintegran los dineros públicos
correspondientes a los rendimientos que se generan en el desarrollo del negocio
y que le pertenecen a la Nación”.