La Contraloría General de la República dirigió una Función de Advertencia al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Andrés Molano Aponte, en relación al contrato de concesión de la Bienestarina.
El ente de control hizo uso de la Función de Advertencia “ante el inminente riesgo de la inversión de nuevos recursos públicos en un modelo de producción y distribución de alimento de alto valor nutricional que no evidencian un impacto significativo en la mejora de los valores de desnutrición crónica presentada por la población infantil”.