La Contraloría General de la República hizo un llamado a la mesura en el manejo de la información relacionada con el monto de las demandas judiciales en contra del Estado, pues con ello se podría generar pánico económico.
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| Contralora General de la República |
La Contraloría aclaró que si bien los demandantes aspiran a la estrambótica cifra de 1.000 billones de pesos, según datos de la Contaduría General de la Nación, los recursos destinados en el presupuesto de las entidades del Estado del nivel central nacional para el pago de demandas entre los años comprendidos entre el año 2003 al 2011 fueron de 4 billones de pesos.
Si bien se evidencia un incremento año a año en los pagos que por concepto de sentencias y conciliaciones vienen asumiendo las entidades públicas, es necesario desmitificar la cifra de pretensiones, pues tan solo una de ellas es la correspondiente a la demanda presentada por una familia que pretende cerca de 600 billones de pesos por un proceso de restitución de tierras en el Oriente Antioqueño, demanda que ha sido negada en primera instancia y que desde el 28 de marzo de 2011 se encuentra para fallo en el Consejo de Estado, sobre lo cual el Gobierno Nacional se negó a conciliar. Además, otras demandas importantes corresponden a pretensiones de carácter laboral y pensional, en las que el Estado ha debido hacer el reconocimiento y evitar los costos elevados de procesos judiciales, con intereses moratorios, por no proceder con diligencia.