Según fuentes del ente acusador, son en total cinco órdenes de captura
de las cuales se han hecho efectivas tres.
La dirección de anticorrupción de la Fiscalía investiga presuntas
irregularidades en el manejo de los contratos para el espacio público firmados
en 2016 por parte del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU). Los
contratos serían de semaforización, empezaron en 12.000 millones de pesos y
terminaron costando 17.000 millones de pesos. Es decir, para el ente
investigador, se trata de sobrecostos no justificados.
Según fuentes del ente acusador, son en total cinco órdenes de captura.
Dentro de los capturados está un asesor de la subdirección de infraestructura,
dos interventores y dos contratistas.
Todos serán imputados por la Fiscalía por delitos como interés indebido
en la celebración de contratos, abuso de confianza, prevaricato, cohecho propio
e impropio.
Sobre el tema, el IDU explicó que el CTI llegó a las instalaciones de la
entidad para solicitar información sobre un contrato de espacio público, y
pidió el computador y los documentos de Tomás Pachón, exfuncionario del IDU de
la administración de Liliana Pardo en el año 2008 y actual contratista de la
entidad en materia de infraestructura, pues fue uno de los capturados.
La entidad entregó toda la información necesaria a las autoridades.
Desde mayo el IDU ha atendido 5 diligencias sobre esta investigación, en las
cuales ha entregado toda la información solicitada. Además, se aclaró que ni el
subdirector General de Infraestructura ni ningún otro funcionario o directivo
actual del IDU ha sido capturado o vinculado a la investigación.
El IDU reiteró su absoluta disposición de colaborar con las autoridades
para esclarecer loshechosque afectan la reputación de una entidad "que en
los últimos 4 años se ha caracterizado por una gestión transparente".
Además, se comunicó que el IDU se constituirá como víctima del proceso
penal en defensa de los intereses y recursos de los bogotanos.
