La entidad hizo la petición porque no existe información
científica suficiente, ni claridad sobre el control que realizarán las autoridades
a los pescadores.
De: Isabella Gómez, BLU
Radio
La Procuraduría General
de la Nación solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “la
modificación, suspensión o revocatoria” de la resolución 350 del 25 de octubre
de 2019, que establece la cuota de pesca de tiburones.
A través de una carta
dirigida a la secretaria general del Ministerio de Agricultura, Ana María
López, la Procuraduría aseguró que hay “ausencia de estudios científicos en el
país, que permitan determinar los efectos de la pesca de tiburón sobre la red
trófica (red alimenticia), teniendo en cuenta su posición dentro de la misma”.
Según el ministerio
público, es necesario tener datos como tasa de crecimiento, edad de madurez
reproductiva, patrones migratorios, entre otros, que soporten el análisis
estadístico diferenciado por especie, ya que “un análisis grupal no sería
confiable para determinar el stock pesquero y las respectivas cuotas”.
Asimismo, la entidad
pidió aclaración sobre los controles que ejercerán las autoridades a la pesca
de tiburón, pues los pescadores artesanales comercializan el producto en sitios
diferentes a los puertos.
Por otro lado, la
Procuraduría advierte que a la fecha “no se tienen tallas mínimas, lo que puede
llevar a la explotación de individuos que no han alcanzado su madurez
reproductiva, poniendo en riesgo la supervivencia de las poblaciones”.
Para la Procuraduría,
la resolución 350 “no debería incluir el término ‘aleta’, toda vez que se
podría interpretar como una autorización de la práctica del ‘aleteo’, más aún
cuando se hace referencia a la pesca artesanal” y recordó que (cercenamiento y
retención de las aletas de tiburón, y descarte del resto del cuerpo al mar)
está prohibida por resolución del 2017 del Ministerio de Ambiente.
Finalmente, la entidad
alertó sobre la falta de un estricto seguimiento a la pesca de las especies
Alopias Pelagicus y Carcharhinus Falciformis, “catalogadas como vulnerables en
el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia e incluidas en el apéndice II de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre”.
