Una
subasta para comprar vehículos con un solo proponente, fallas mecánicas
reiteradas en la mitad de los carros que se adquirieron y sobrecostos, rodean
la ejecución de un contrato a través del cual se adquirió el parque automotor
que hoy está asignado a los 31 magistrados del Consejo de Estado.
El
28 de octubre de 2013 y luego de la publicación de un proceso de subasta
inversa por parte del Consejo Superior de la Judicatura a través del cual se
buscaba comprar vehículos nuevos para el transporte de los magistrados del
Consejo de Estado, se suscribe el contrato 156 con la firma Distribuidora
Nissan por un valor de 3.720 millones de pesos.
Mauricio
Cuesta, director ejecutivo de Administración Judicial y ordenador del gasto de
la Rama Judicial, explicó que “lo que se hizo en su momento, en el 2013, fue un
proceso abierto, no se puede contratar con uno solo, lo que se hace en estos casos son unas especificaciones
de lo que se quiere, el cilindraje, los vehículos y lo ganó la Nissan”.
Sin
embargo y a pesar de ser una subasta sólo se presentó un oferente, cuyos
representantes, en medio de la audiencia de adjudicación, comunicaron que el
valor mínimo por cada vehículo era de 120 millones de pesos.
Con
el contrato se materializó la adquisición de 31 camionetas Nissan Pathfinder
cero kilómetros y sin blindar, para ser asignadas a los magistrados del Consejo
de Estado en medio del plan de inversión recomendado por la oficina asesora
para la Seguridad de la Rama Judicial.
El
pago del valor total del contrato se hizo una vez las camionetas fueron
entregadas y puestas en funcionamiento, el 3 de diciembre de 2013, sin embargo
los problemas para la movilidad de las camionetas vinieron tan solo algunos
meses después de haber sido entregadas.
A
pesar de una carta firmada por el representante de la firma Nissan en la que se
certificaba que los vehículos estaban libres de defectos de fábrica, estos
empezaron a presentar fallas en sus cajas de transmisión y tuvieron que ser
intervenidas, con reparaciones ejecutadas dentro de la garantía ofrecida por la
empresa vendedora.
“Cuando
se adquirieron las camionetas, y ya empezaron a funcionar, a algunas les
comenzó a fallar la caja, primero fueron tres, luego dos”, agregó Cuestas.
Las
anomalías en el funcionamiento de los vehículos también se reportaron en un
total de 16 de las camionetas que terminaron en el taller de la empresa
ganadora del contrato.
El
30 Marzo de 2017, Abel Francisco Manotas, gerente nacional de posventa de la
distribuidora Nissan, reconoció que las camionetas presentaron un error en el
sistema electrónico de las cajas de velocidades teniendo que asumir las medidas
pertinentes para corregir las fallas, cambiando los componentes.
“En
un análisis que hizo la Nissan, luego concluyó que había como una falla
generalizada, entonces cambió todas las 31 cajas, de las 31 camionetas que se
había adquirido”, indicó el director ejecutivo de la Rama Judicial.
Las
camionetas fueron vendidas con un valor mínimo de 120 millones de pesos, precio
presentado por el único oferente en lo que se inició como una subasta inversa.
De acuerdo con los precios del mercado automotriz para 2014, cada una de estas
camionetas tenía un valor de 96 millones de pesos. Un hecho que, de acuerdo con
el mismo director Ejecutivo de la Rama Judicial, puede ser objeto de una
revisión.
“Habría
que mirar el tema pues entiendo que todo esto se hizo a través de un proceso
abierto y se supone que está con todas las garantías de transparencia”,
puntualizó el director Mauricio Cuestas.
A
pesar de haber sido intervenidas en más de una ocasión, es decir permanecer en
el taller durante varios días y en varias oportunidades, cada una de las 31
camionetas tiene un recorrido que supera los 100 mil kilómetros desde el año
2014, cuando empezaron a circular. La principal tarea para la que deben ser
usados los vehículos, es transportar a cada uno de los magistrados de su casa a
la oficina.
