Por presuntas
irregularidades relacionadas con el contrato de prestación de servicios
personales y de apoyo a la gestión nro. 425/11, celebrado entre la gobernación
del Vichada y la Fundación Pro-Orinoquía, la Procuraduría General de la Nación
formuló cargos contra: Juan Carlos Ávila Juanias, exgobernador; Nelson González
Maragua y Eyda Mercedes Calderón Villamil, exsecretarios de despacho de
Gobierno y Administración, y Ómar Vaquero Rojas, profesional universitario.
Al parecer, el
mencionado contrato suscrito con el objeto de sensibilizar a la población
ubicada en la frontera sobre la importancia del turismo para la economía, dar a
conocer la legislación nacional y enfatizar en la buena atención y servicio al
cliente, se adelantó sin contar con estudios previos completos y suficientes
que evaluaran y analizaran el verdadero alcance de su objeto, su necesidad y su
costo.
De acuerdo con el auto
de cargos, en este proceso contractual no se habrían establecido objetivos
concretos y específicos, pues solamente se acordó la conformación de un eje
estratégico de unión de espacios de intercambio cultural y turístico entre
Colombia y Venezuela, sin identificar en qué consistían tales ejes.
Según la Procuraduría
Delegada para la Moralidad Pública que tampoco se especificó quiénes eran los
beneficiarios de dicho proyecto, pues aunque el estudio señalaba que eran
“habitantes puntos de frontera”, no se hizo una plena identificación del
género, edad ni número de pobladores.
Las faltas de Ávila
Juanias y González Maragua fueron calificadas como gravísimas con culpa
gravísima y las de Calderón Villamil y Vaquero Rojas como graves a título de
culpa gravísima, en esta etapa del proceso.
Esta investigación se
originó por el traslado del informe de hallazgos disciplinarios producto de la
auditoría realizada por la Contraloría a la Gobernación del Vichada en el 2013.
