Villavicencio. El
viernes 26 de mayo, en el Juzgado Quinto Penal de Circuito, será la Audiencia
para resolver si revocan, confirman o modifican, la decisión de no afectar con
medida de aseguramiento a funcionarios de la Gobernación del Meta.
La Fiscalía de la
Unidad Anticorrupción insiste en que los funcionarios investigados deben
renunciar a sus cargos, o de lo contrario
imponerse medida de aseguramiento por presuntas responsabilidades en los
delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contratos sin el
cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de
contratos.
Los investigados son el
actual asesor jurídico del Departamento, Vladimir Sierra Martínez, el
Secretario de Víctimas, Hernando Martínez Aguilera y la Asesora de la Unidad
Nacional de Víctimas, Luz Estela Casasfranco Vanegas.
Así mismo, la Fiscalía
insiste en asegurar al ex secretario Privado del Despacho de la gobernación,
Carlos Humberto Osorio Monroy, al ex secretario de Agricultura, Daniel Santiago
Salazar Uribe, al ex jurídico, Carlos Emilio Romero Gómez, y a los ex
funcionarios, John Fredy Chávez Cagüa y Francy Nayibe Umaña.
Todos vinculados a un
proceso penal por la celebración de un convenio en el año 2013 entre la
Corporación Red País Rural y la Secretarías de Agricultura por $5 mil 411
millones de pesos.
El objeto era
fortalecer el montaje de procesos agroindustriales en el Meta para los sistemas
productivos de Cacao, Frutales, Café, Caña panelera y banco de Maquinaria.
Lo anterior no se
cumplió y el dinero se perdió, pero el Departamento hizo efectiva la póliza de
seguros y lo recuperó.
