La Fiscalía va a
imputarle cargos al general (r) Rodolfo Palomino, quien fue director de la
Policía entre agosto de 2013 y febrero de 2016. Lo que explicó al respecto
Fabio Espitia, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, es que
el delito por el que arranca esta investigación formal en contra del alto
oficial en retiro es tráfico de influencias. La Fiscalía ya solicitó que se
programara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá. "Los hechos no
los puedo mencionar", expresó el alto funcionario. (Lea aquí: Un doloroso
despojo en camino a la reparación de víctimas)
Luego de las
declaraciones de Espitia, fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario
que la investigación contra el general (r) Palomino tienen que ver con la
investigación contra el Fondo Ganadero de Córdoba. "En 2014, siendo
director de la Policía, intentó impedir que la justicia cumpliera unas
órdenes", explicaron."En esa época, la Dirección de Análisis y
Contexto dadelantaba la investigación contra directivos del Fondo Ganadero de
Córdoba por despojo de tierras, especialmente, en la región de Tulapas. Al
parecer, el general (r) Palomino realizó llamadas que habrían impedido las
capturas de algunos de los responsables a los que se les había impuesto medida
de aseguramiento".
En los últimos años, la
Fiscalía ha venido indagando de qué manera directivos del Fondo Ganadero de
Córdoba cometieron delitos que facilitaron el despojo de tierras en el Urabá. En
la Fiscalía hay no menos de 170 denuncias de campesinos, que se registraron
como víctimas de desplazamiento forzado, que fueron presentadas ante las
Fiscalías de Medellín, Apartadó, Córdoba y Bogotá en un periodo de casi una
década. Notarios y exfuncionarios del Incora también están siendo investigados.
Una de las fichas claves en esta estrategia de despojo fue Sor Teresa Gómez,
cuñada de los hermanos Castaño.
Hace tres años la
Fiscalía hace tres años profirió medida de aseguramiento contra siete de los
implicados en los despojos de tierras en Córdoba y Urabá a finales de los años
90 y que fueron denunciados por 170 víctimas. Entre los implicados estaban una
exfuncionario del Incora, un notario y dirigentes del Fondo Ganadero de
Córdoba, que supuestamente falsificaron documentos y engañaron campesinos para
arrebatarles sus predios.
A principios de febrero
de 2014 la Fiscalía había ordenado la captura de los directivos del Fondo
Ganadero de Córdoba Carlos Enrique Sotomayor y Benito Molina Velarde, quienes
eran investigados por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento
forzado y lavado de activos. Por esa fecha también se ordenó el arresto del
notario Miguel Francisco Puche Yáñez, de la exfuncionaria del Incora María Inés
Cadavid, de Guido Manuel Vargas López yde Marco Fidel Furnieles. Estos dos
últimos fueron identificados como que presionaron a los campesinos para vender
sus tierras en Tulapas.
Palomino, por su parte,
salió de la Policía inmerso en uno de los escándalos más grandes que haya
sacudido a la institución: el relacionado con la llamada Comunidad del Anillo y
la supuesta prostitución de estudiantes de la Escuela de Policía y de oficiales
de bajo rango a cambio de promover ciertos ascensos en el Congreso de la
República. Palomino, por su parte, siempre negó cualquier responsabilidad frente a estos hechos.
