Aunque hace tres años
el exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo aseguró que no
tenía cómo pagar la millonaria multa de 6.337 millones de pesos que le impuso
la Corte Suprema de Justicia por haberse aliado con los paramilitares de
Santander, esta semana se le vio manejando un flamante Porsche por las calles
de Bucaramanga, cuyo valor supera los 300 millones de pesos.
El caso, que generó
indignación en redes sociales, es un reflejo de lo que ha pasado con la plata
que los políticos condenados por esos casos debían entregar para la reparación
de miles de personas afectadas por los grupos ilegales. Hasta la fecha, según datos
del Fondo para la Reparación de las Víctimas, Aguilar solo ha pagado 19’500.000
pesos, el 0,3 por ciento de la multa.
En julio del 2014, tras
purgar menos de cinco años de cárcel, acordó pagar 500.000 pesos cada mes. El
año pasado tuvo que subir la cuota a un millón. Esto después de que el Fondo le
embargó 8 millones de pesos. Se calcula que si sigue pagando a ese ritmo,
tomaría cerca de 530 años la cancelación total de la multa.
Otro caso emblemático
es el del expresidente del Congreso Mario Uribe Escobar, primo del expresidente
Álvaro Uribe, condenado por el escándalo de la ‘parapolítica’. En diciembre, el
Consejo Superior de la Judicatura dio por terminado el proceso de cobro de la
multa contra el exsenador por “concepto de prescripción con un recaudo mínimo,
el cual fue consignado por el sancionado”.
Pero el expediente
contra el polémico exsenador Otto Bula, capturado por el caso Odebrecht y quien
enfrenta un proceso de extinción de dominio por 53.000 millones de pesos,
revela que Uribe Escobar tenía cómo pagar la multa de casi 7.000 millones de
pesos que le impuso la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el caso contra Bula
muestra que entre 2009 y 2012 los dos políticos negociaron bienes por al menos
14.000 millones de pesos.
Otro ‘parapolítico’ que
tiene un cómodo plan de pagos es Óscar Josué Reyes, a quien en enero del 2012
se le impuso una multa de 3.683 millones. Desde el 2015, con cuotas de 300.000
pesos mensuales, ha entregado 4,5 millones de pesos.
Hay otros condenados
como el exsenador Mario Salomón Náder que solo ha efectuado un pago de 102.000
pesos, a pesar de tener una deuda de 3.683 millones. Y el exrepresentante a la
Cámara Jorge Luis Caballero ha dado 125.000 pesos, de 2.244 millones.
Así, en los últimos
tres años y medio solo se han recaudado unos 40 millones de pesos. Hasta el 31
de diciembre del año pasado, 37 ‘parapolíticos’ debían 115.681 millones de
pesos. La Unidad de Víctimas, que tiene desde el 2011 las labores de cobro,
calcula que la recuperación de esa cartera será del 0,002 %.
El incumplimiento es un
hueco en el bolsillo de todos los colombianos. Es por eso que el Estado asumió
la reparación administrativa de las 8’376.463 víctimas del conflicto que se han
registrado ante la Unidad.
Los que más deben
La lista de saldo en
rojo del Fondo para la Reparación la lideran los paramilitares, que deben $ 2,5
billones. Le siguen las Farc ($ 1 billón), bandas criminales ($ 505.000
millones), entre otros. Los servidores públicos tienen una cuenta pendiente de
$ 20.000 millones.
Alan Jara, director de
la Unidad para las Víctimas, advierte que las multas existen en lo teórico,
pero no en la vida real. Dice que, por ejemplo, al Fondo han llegado bienes de
los paramilitares que todavía no tienen extinción de dominio y que se convierten
en una carga en vez de un activo.
Luis Guillermo Vélez,
el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
considera que los jueces que imponen esas multas deberían ser los encargados de
cobrarlas. También le pidió a la Contraloría que adelante investigaciones para
determinar qué está pasando con los cobros.
Clemencia Melo
Pinillos, directora del Fondo para la Reparación de las Víctimas, indica que
cuando se imponen las multas hay dos tipos de etapas en el proceso. La primera
es la de cobro persuasivo, en la que se busca el pago voluntario de la deuda y
se identifican cuáles son los bienes. El siguiente paso es el cobro coactivo,
que es la etapa jurídica donde se profiere una orden de pago y se embargan,
secuestran y rematan los bienes.
Eso, cuando los
encuentran aún a su nombre. En Sincelejo, por ejemplo, nadie entendió cómo la
mansión en el barrio Venecia donde vivió por años el exsenador Álvaro ‘el
Gordo’ García, condenado por la masacre de Macayepo, apareció en papeles a nombre
de un tercero cuando llegó el momento de pagar la multa por ‘parapolítica’.
Esto a pesar de que la familia del político siguió en el sitio por varios años.
4,4 billones en deudas
En 3.690 sentencias que
se han impuesto contra paramilitares, bandas criminales, guerrillas,
integrantes de la Fuerza Pública y servidores públicos hay un total de pagos
pendientes por 4,47 billones de pesos. Quienes más deben son los paramilitares
con $ 2,5 billones y han entregado 311.089 millones en dinero, bienes, etc.