El crimen de Claudia
Johana Rodríguez en una situación de toma de rehenes en el centro comercial
Santafé de Bogotá, deja al descubierto la debilidad que existe en el actual
sistema judicial para evitar que el agresor viole esa orden de restricción y la
víctima quede expuesta a cualquier tipo de lesión e incluso la muerte.
Así lo manifestó este
martes el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de
Bogotá, al confirmar que, actualmente, en la capital hay cerca de 16.700
medidas de alejamiento vigentes. "Para cubrir cien por ciento estos
llamados tendríamos que ubicar a 16.700 policías las 24 horas escoltando a la
persona que es objeto de protección (...) aquí lo que hay que hacer es una
revisión del tema legislativo. No podemos estar buscándole causante en este
momento de lo que se pudo haber hecho, pero sí hay que revisar cómo se puede
cohibir efectivamente al victimario y no poner a la víctima a que esté llamando
cada vez que se ve asediada"
El alto oficial explicó
que en este tipo de casos las autoridades trabajan en gran parte con la
información suministrada por la víctima, quien -en la medida de sus
posibilidades- debe alertar a tiempo si es asechada por su agresor. Sin
embargo, en estos casos la acción de las autoridades consiste únicamente en
obligar al agresor a abandonar el lugar.
"Nosotros
cumplimos con lo que está establecido y estamos abiertos a que se verifiquen
esos protocolos. Las rondas, el llamado de atención a la persona en determinado
momento que se encuentre perturbando a la víctima (...) pero en este caso, un
día antes del crimen, se supo que, desde el mediodía, este hombre estaba
entrando y saliendo contantemente del establecimiento en el que se encontraba
la señora Claudia, con quien además conversó. Lamentable y aquí no vamos a
hacer justificaciones, pero en ese momento ella pudo hacer uso de esa medida
informando del asedio así la medida estuviera radicada en Medellín",
puntualizó.
Sin embargo, la versión
de los familiares de Claudia es muy diferente. Según declaró Fernando López,
esposo de Liliana Rodríguez –hermana de la víctima– “el tipo se la pasaba aquí
en la casa, gritando, diciendo que amaba al hijo, que la amaba a ella, y ese
tipo de cosas. Venía el cuadrante de la Policía –si no acudieron aquí al menos
40 veces fue poco– y nunca hacían nada. Decían que no podían hacer nada”. (Lea:
A Claudia nunca le prestaron atención, ni antes ni después del crimen: familia)
Por lo pronto, el alto
oficial insistió en la urgencia de revisar la legislación, "también tener
en cuenta la vigencia de esas medidas y qué procedimiento se adopta contra la
persona que está asediando y que en efecto no tenga la facultad de acercarse a
la víctima".
Respecto a la acción de
los comandos especiales que se hicieron cargo de la situación de toma de
rehenes, el general Penilla explicó que es el equipo negociador quien determina
el protocolo a seguir, de acuerdo al avance de las conversaciones que se llevan
con la persona que tiene sometidos a los rehenes y aclaró que, en este caso,
como en otros tantos, la Policía realizará una evaluación para establecer
aciertos y desaciertos.
"Lo que se hace
principalmente es preservar la vida de la víctima, aún por encima de la del
victimario en la medida de lo posible, para que no se presenten hechos extremos
como el de ayer, es claro que la intensión de este hombre era asesinar a la
señora Claudia (…) no se pueden sacar
conclusiones apresuradas, no solo en este caso sino en todos, nosotros siempre
hacemos una evaluación para que a futuro podamos determinar que está de más y
de menos en el procedimiento”,
