En la actualidad, 147
periodistas en Colombia tienen alguna medida de seguridad de la Unidad Nacional
de Protección en un país en que hay un limitado acceso a la información, según
un informe de Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En el informe
preliminar hecho público en la ciudad guatemalteca de La Antigua, en el marco
de una reunión de la SIP, en el que se detalla que de los 147 periodistas, 103
tienen escoltas y 82 se trasladan en vehículos de seguridad.
Durante el año pasado,
47 periodistas denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas y 44
dijeron haber sufrido obstrucciones en su trabajo, y un dato que se destaca es
que de las 12 agresiones que se denunciaron en el departamento de Casanare, 11
ocurrieron luego de que los periodistas denunciaran hechos de corrupción por
parte de la administración de Yopal.
En el escrito, que aún
debe ser aprobado, se denuncia que aún persisten decisiones judiciales que
impactan en el ejercicio de la libertad de expresión, como cuando un juez pidió
al periódico La Patria retirar de su página web una noticia sobre una comunidad
indígena que estaba exponiendo a sus niños a la venta y consumo de sustancias
alucinógenas.
Frente al incremento de
solicitudes judiciales en las que se pide eliminar o corregir información con
base en un supuesto “derecho al olvido”, directivos de medios de comunicación
han expresado su preocupación por la injerencia que tienen las peticiones y las
decisiones de jueces en el ejercicio periodístico.
Además de agresiones
físicas y verbales, el documento destaca que hay un “acceso limitado a la
información”, pues haciendo referencia a un informe de la Fundación para la
Libertad de Prensa (Flip) se estima que en Colombia cerca de 600.000 personas
viven en 52 municipios donde no hay un solo medio de comunicación local.
Otros 2,4 millones de
personas viven en 146 municipios donde hay medios, pero estos no cubren todo el
municipio o no producen información periodística local. Otros 60 municipios
tienen un único medio de comunicación.
En el escrito también
se recuerda que está pendiente la reglamentación del uso de las emisoras y los
espacios televisivos que fueron convenidos en el acuerdo de paz con las Farc y
cuyo contenido será coordinado por un comité de comunicaciones, integrado por
el Gobierno y la guerrilla desmovilizada.
Sin embargo la SIP, que
realiza en Guatemala una reunión hasta el próximo lunes, dijo que está
preocupada por “el riesgo de intromisión a los contenidos”