El Consejo de Estado
hizo un llamado al Gobierno y las delegaciones de paz para que se revisen las
interrogantes de esa corporación frente a lo acordado con las Farc en torno a
la aplicación de la Jurisdicción Especial Para la Paz y prendió las alarmas
frente al recorte presupuestal de la rama judicial para el 2017.
Según el magistrado
Rojas aunque la judicatura presentó en su momento anteproyecto de un
presupuesto de 4.5 billones de pesos para el funcionamiento de la rama
judicial, posteriormente con ocasión de los ajustes por el posconflicto ajustó
ese petición a los 3.5 billones.
Sin embargo, advirtió
que cuando el Gobierno presentó el presupuesto ante el Congreso de la República
redujo los recursos para el sector judicial en otro billón y lo fijo en 2.5
billones de pesos.
“Es decir, si hay un
mensaje de alarma en este momento por la rama judicial es ese tema
presupuestal, porque pasamos de 4.5 billones a 2.5 billones (…) Con eso a duras
penas vamos a funcionar”, indicó el magistrado Rojas.
Asimismo cuestionó que
este presupuesto para la rama judicial no se compara con la previsión de lo que
se calcula cuesta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz que
asciende a los 81 billones de pesos.
” Yo sí creo que la
rama judicial necesita el presupuesto que está pidiendo y no frustrar lo que
debe ser la administración de la justicia normal y corriente, porque la
institucionalidad debe seguir funcionando y la muestra es esta parálisis que
hay actualmente y si no estamos mal frente al respeto que merece al rama
judicial”, señaló el magistrado Rojas.
De igual forma, explicó
que dentro de los interrogantes que tiene el Consejo de Estado frente a la
aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz gira en torno a que va a
pasar con temas relevantes como el mecanismo de tutela, la cosa juzgada, la reparación
integral de las víctimas, la jurisdicción agraria, las competencias electorales
y la pérdida de investidura que debe resolver esta corporación.