La Fiscalía General
reveló que a más de cien mil millones de pesos asciende el detrimento cometido
en los graves hechos de corrupción detectados en varios de los principales
contratos en el departamento de La Guajira.
El fiscal general,
Néstor Humberto Martínez, reportó que por este escándalo en contratación se
elevó a 41 el total de personas imputadas, de las cuales 20 fueron capturadas y
once más serán acusadas.
“La Fiscalía descubrió
irregularidades en programas de contratación de programas sensibles para la
comunidad en diversas áreas: educación, acueductos, salud, atención a la
primera infancia y diferentes obras civiles”, dijo Martínez.
Dentro de los
investigados aparecen funcionarios públicos, contratistas, miembros de la
propia comunidad indígena wayúu y varios líderes políticos de la región como
son el exgobernador de La Guajira Jorge Luis Pérez; la destituida Gobernadora
Oneida Pinto y el exalcalde de Riohacha Rafael Ricardo Ceballos.
Igualmente entre los
capturados se encuentra un fiscal y un agente del CTI por presuntamente exigir
el pago de sobornos en hechos ocurridos en Maicao, a cambio de no adelantar
trámites o denuncias relacionadas con estos hechos de corrupción.
Contratos con el ICBF
La Fiscalía reveló que
investiga dos contratos por más de 3.421 millones de pesos destinados para la
atención integral de 1.400 niños de 0 a 5 años y madres gestantes o lactantes,
en donde estableció un peculado que asciende a los 1.495 millones de pesos.
“Se encontró que con
facturas falsas cobraron de manera irregular más de 500 millones de pesos,
Cobros de arrendamiento que superan el doble del valor real y pagos a celadores
que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados”,
dijo Martínez.
Frente a este caso la
Fiscalía imputó cargos a 14 personas, de las cuales doce fueron capturadas,
entre ellas el representante legal, el gerente y trabajadores de la Asociación
Asomilenio, así como varios funcionarios del ICBF y proveedores.
El Plan de Aguas.
La Fiscalía investiga
el Plan de Aguas de La Guajira que incluye los acueductos de Manaure y Uribia,
Pondores, Dibulla, San Pedro y Camarones. En este último se establecieron
irregularidades por más de doce mil millones de pesos.
Aunque la obra fue
terminada “en el corregimiento de Camarones, Riohacha, a la fecha no se
encuentra en funcionamiento, el agua no es apta para el consumo humano y al
parecer se presentaron sobrecostos”, dijo Martínez.
Mortalidad infantil.
La Fiscalía también
encontró serias irregularidades en el programa que se ejecutó entre marzo y
junio de 2011 en el municipio de Albania, con el propósito de reducir la
mortalidad infantil, que tenían un presupuesto cercano a los 19 mil millones de
pesos.
“Entre las irregularidades
detectadas está la contratación de 1.450 personas sin requisitos mínimos. La
presunta apropiación de 6.591 millones de pesos a través de sumas no canceladas
a contratistas y doble contratación en el programa de salud mental”, advirtió
el fiscal.