El jefe del Ministerio
Público le envió una carta a la Cámara de Representantes en la que cuestiona la
aprobación del acto legislativo para la paz.
En una carta de cuatro páginas enviada a los
Representantes a la Cámara el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado
cuestionó la aprobación del acto legislativo No. 157 al considerar que se
presentaron vicios de trámite puesto que se otorgan facultades excepcionales en
el marco del proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las Farc.
Para el jefe del
Ministerio Público con la aprobación del acto legislativo para la paz se
vinculó el Acuerdo Final que se firme en La Habana (Cuba) a un bloque de
constitucionalidad aumentándole la categoría a un Acuerdo Especial, hecho por
el cual el proceso de refrendación no es obligatorio y no se tendrá en cuenta.
En la misiva consideró
que los representantes no tenían la competencia para aprobar el acto legislativo
superándo los límites impuestos por la Consitución Política. "Sumado a la
inobservancia del principio de consecutividad en el trámite legislativo".
En este sentido consiera que la jurisprudencia establece unos límites cuando se
habla de reformar la Carta Política.
Ordóñez Maldonado
aseguró que este acto legislativo le otorgó "poder constituyente ilímitado
a la Mesa de Conversaciones de La Habana para cambiar la Constitución". En
este sentido, indica la carta, que se podrán hacer modificaciones a la Carta
Magna sin un control establecido, hecho que va en contra del ordenamiento
jurídico.
"Timochenko y el
Presidente Santos podrán redactar la Constitución que quieran, al incluir en el
bloque de constitucionalidad en sentido estricto el Acuerdo Final, que aún no
existe", precisa Ordóñez al manifestar que se redujo la función del
Congreso de la República a una condición de notario frente a las reformas a la
Constitución.
Agregó que el acto
aprobado el pasado miércoles "limita indefinidamente la iniciativa
legislativa de los partidos, los parlamentarios, los futuros gobiernos e
incluso la iniciativa popular en cabeza de los ciudadanos, porque impide
futuras normas que puedan afectar de cualquier modo, así sea indirectamente, lo
acordado en La Habana".
"Con el proceso
legislativo especial propuesto, los proyectos de ley y de reforma
constitucional sólo podrán ser presentados por el Gobierno Nacional. Se elimina
la posibilidad de independiente y autónoma del Congreso de hacer reformas.
Cambiar una coma (,) requiere la aprobación del Gobierno Nacional y no
contraríar los Acuerdos de La Habana. Es decir, requiere también la aprobación
de las Farc", indica.