La sección primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio la acción
popular con la cual los opositores a la privatización de Isagen buscan evitar
que la venta se perfeccione, es decir, que se concrete el pago de la misma y la
transferencia de las acciones, la cual no se ha llevado a cabo.
Con esta acción se
demanda el proceso de adjudicación de las acciones de Isagén del pasado 13 de
enero en la Bolsa de Valores, que supuestamente violó los derechos a la libre
competencia, ocasionó un detrimento en el patrimonio público y afectó
gravemente la moralidad administrativa, por lo que debe declararse ilegal y
evitar que se perfeccione la venta.
Los senadores Jorge
Enrique Robledo, Sofía Gaviria, Antonio Navarro, Viviane Morales, Iván Duque,
entre otros, así como la Red de Justicia Tributaria, Sintraisagén y otras
personalidades hacen parte de los responsables de esta acción judicial.
Según los demandantes,
el proceso aún puede detenerse porque tanto el Gobierno Nacional como el fondo
de inversiones Brookfield tenían suficiente información sobre los procesos
legales en curso. “Con la venta de Isagen tres derechos colectivos: Primero, la
moralidad administrativa. Segundo, el patrimonio público y la libre
Competencia”, dijo en su momento la senadora Viviane Morales.
La congresista explicó
que con esta acción se pretende la suspensión inmediata de todos los
procedimientos que están pendientes para concretar la enajenación de la
hidroeléctrica.
A su turno, el senador
Antonio Navarro indicó que “esta venta es terrible porque los perjuicios para
el país son muchísimos, la falta de soberanía es muy grande”.
Por su parte, el
senador Jorge Robledo dijo que el detrimento patrimonial, por razones de la
valoración, ascendería a por lo menos 2.3 billones de pesos.