Las irregularidades en estos procesos pueden ser denunciadas
ante la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación,
encargada de adelantar las investigaciones del caso.
Los involucrados en la entrega de títulos que no cumplan con
los requisitos de Ley podrán pagar multas de hasta $600 millones.
Mineducación. Con el fin de frenarle
el paso a la entrega de títulos falsos de educación superior y facilitar a las
autoridades locales respectivas la verificación de los mismos, el Ministerio de
Educación expidió la circular 38 del 13 de agosto de 2015, dirigida a las
secretarías de Educación de todo el país, a las instituciones públicas y
privadas de educación superior y a la comunidad docente en general.
"Si queremos ser
el país más educado de América Latina en 2025 debemos erradicar del panorama
los títulos académicos que se están otorgando sin cumplir los requisitos de
Ley, esa es una práctica corrupta que atenta contra los principios de calidad y
equidad en la educación por los que estamos trabajando", explicó la
Viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza.
El documento detalla
dos aspectos básicos que funcionarios y entidades deben tener en cuenta.
El primero de ellos es
el registro calificado como "criterio que garantiza la calidad en la
educación superior". De acuerdo a lo anterior, no son válidos los títulos
académicos otorgados por un programa o institución que no tenga dicho registro.
Ariza invitó a los
estudiantes y padres de familia a consultar si un programa cuenta con registro
calificado vigente en las bases de datos.
"Esta verificación
es de gran utilidad porque el Decreto 1075 de 2015 ordena a todas nuestras
instituciones, sin excepción, contar previamente con el acto administrativo de
registro para las carreras que pretendan ofrecer y desarrollar. Sin este
registro los títulos que se expidan son nulos", explicó.
El segundo punto es la
verificación del lleno de los requisitos exigidos en el pensum académico o
programa de formación por parte del estudiante. Las instituciones deben
garantizar que sin el cumplimiento de los mismos, no hay titulación.
"Es inadmisible
que sigamos recibiendo denuncias de títulos falsos emitidos en nuestras
universidades. Todos los funcionarios involucrados en el sistema de educación
superior deben saber que se exponen a sanciones que podrían ser de hasta $600
millones de pesos si vulneran alguna de estas normas", concluyó Ariza.
La circular además
recuerda a las secretarías de Educación departamentales y municipales que,
antes de aceptar los títulos, deben corroborar su veracidad ante las
instituciones emisoras.