La oposición le exige al Gobierno mayor contundencia para
enfrentar la crisis en la frontera. También exige que la situación se denuncie
ante instancias internacionales.
De Semana
Las recientes
decisiones del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, como el cierre de la
frontera entre Colombia y Venezuela desde el jueves de la semana pasada y el
estado de excepción decretado por el Gobierno, que ha permitido la deportación
o expulsión de miles de colombianos residentes en ese país, ha aumentado la
tensión diplomática entre Bogotá y Caracas.
El estado de excepción
en cinco municipios del estado de Táchira fue anunciado el pasado viernes por
el presidente Nicolás Maduro, dos días después de un ataque a balazos de
desconocidos que hirió un civil y tres militares venezolanos que realizaban una
operación anticontrabando.
Aunque el gobierno
colombiano se ha comprometido a combatir el contrabando y cualquiera de los
delitos que afectan a la frontera, las medidas del gobierno venezolano han
afectado a miles las familias colombianas que se están viendo obligadas a
regresar a Colombia y, según denuncias de los deportados, las autoridades
venezolanas hasta han separado a padres de sus hijos.
Si bien es cierto que
no se vive una tensión o expectativa de confrontación como en épocas
pretéritas, la situación humanitaria puede ser la peor en muchos años, sobre
todo porque ha alimentado un sentimiento que en Colombia se ha calificado de
xenófobo.
“La actitud de
xenofobia que se ha visto en los últimos días no solamente con el cierre de
frontera, sino con las arbitrariedades que se están cometiendo contra nuestros
connacionales, es de inmensa gravedad”, calificó el senador Iván Duque, vocero
del Centro Democrático.
“Maduro mezcla la
extracción de productos con la absurda xenofobia en contra de los colombianos.
Es increíble que un gobierno que se llama ‘socialista’ trate así a los seres
humanos. Marcar las casas como lo están haciendo es una actitud fascista y
vergonzante”, señala Jaime Buenahora (La U), quien es el representante de los
colombianos en el exterior.
Tras las
determinaciones del Ejecutivo de Venezuela, la Cancillería colombiana se ha
mantenido dentro de los canales diplomáticos. Incluso se acordó una cumbre de cancilleres
para el próximo 26 de agosto, pero mientras esta se produce, la situación
parece incontrolable.
Y aunque la política
exterior es un asunto de Estado, los partidos políticos de oposición reclamaron
este lunes mayor contundencia a la ministra María Ángela Holguín. Incluso, el
Centro Democrático consideró que la situación en la frontera amerita sanciones
diplomáticas al gobierno venezolano.
Para Iván Duque, vocero
del uribismo en el Senado, el gobierno colombiano ha actuado con “diplomacia
contemplativa” frente las arbitrariedades denunciadas que han sido recogidas
por la Defensoría del Pueblo, pero cuestiona que la ministra no haya llamado a
consultas a su embajador en Caracas o que tampoco se haya habido denuncias ante
organismos internacionales.
El presidente del
Partido Conservador, representante David Barguil, calificó de inadmisible que
los chavistas estén marcando las fachadas de las casas donde viven los
colombianos, en un gesto de xenofobia propio de regímenes autoritarios. Por eso
pidió una urgente intervención de la comunidad internacional ante lo que llamó
“el trato indigno que el régimen Maduro está dando a los colombianos”.
Los sectores políticos
en el país coinciden en que las decisiones de Maduro contra los colombianos
obedecen a una nueva cortina de humo que pretende tender frente a las crisis
internas por las que atraviesa su país, y recuerdan que han sido reiterados los
intentos del gobierno venezolano de aumentar su popularidad alimentando el
sentimiento nacionalista y anticolombiano.
La más reciente tensión
se produjo por un decreto en el que el presidente Nicolás Maduro pretendía
modificar la frontera marítima, situación que se resolvió con una nota de
protesta y con la posterior rectificación del decreto.
Sin embargo, la
situación de cinco millones de colombianos que viven en Venezuela, que se está
viendo afectada por las decisiones de Maduro, puede ser la mayor crisis desde
cuando ambos países recompusieron sus relaciones en el año 2010, las cuales
permitieron, entre otras, que Venezuela fuera clave para el proceso de paz que
el gobierno colombiano adelanta con las FARC.
En la frontera la
tensión se mantiene y mientras los afectados insisten en que el presidente Juan
Manuel Santos haga presencia, el senador Álvaro Uribe llegó hasta ese lugar,
aunque algunos cuestionaron la pertinencia de su presencia. El jefe natural del
Centro Democrático es una de las figuras que más han sido 'satanizadas' por el
presidente Maduro.