De Notillano.
Villavicencio. Es
candente el ambiente electoral, pero los
candidatos mantienen su posición y
señalan promesas que
difícilmente, en algunos casos
podrán cumplir.
No se hace un recuento de ellas,
para citar un ejemplo baste citar
el ofrecimiento que uno de
ellos hizo para colocar una
cámara se seguridad en cada
casa.
Se ha cuestionado la participación de algunos candidatos, que al
decir de la opinión pública y de las mismas
autoridades están cuestionados, por nexos con personas
o entidades de
dudosa honorabilidad.
Es de anotar
que también se registra el
fenómeno de quienes como contratistas desde
ahora apoyan determinada
campaña, pero una vez el personaje
esté en el gobierno, proceda a la devolución de los invertido, pero
triplicando su valor.
Es de anotar
que algunos de los aspirantes a Concejos, Asamblea, Alcaldías y Gobernación
han gastado enormes sumas
de dinero, que
pueden superar el monto de lo
autorizado por ley, pero la
dificultad consiste en
comprobar esta anomalía
electoral.
En el país hay
más de 113 mil candidatos y
muchos de ellos acusados
ante el Consejo Nacional Electoral, y
están a la espera de sanciones o de
su absolución.
Se ha denunciado
trashumancia de votos en
algunos municipios del Meta, y se
hace hincapié en Puerto Rico, Acacías, Guamal, para
solo citar unos casos; igualmente se ha señalado
violación a la propaganda electoral.
Es de anotar
que el Movimiento de Observación Electoral indicó
que está aunando datos para presentar una visión completa del país,
entre ellos lo ocurrido en el
Meta, para el 8 de septiembre
establecer los hechos indelicados y violaciones registradas
por los partidos políticos y los
candidatos.
Señala la
fuente que se han celebrado
reuniones por separado entre el MOE y la Federación para la Libertad de Prensa y la Federación Colombiana de Periodistas, ya que hay indicios en el sentido que algunos periodistas reciben presiones de campañas
políticas, se ofrece dinero y hasta se
amenaza.
Lo que tiene
que ver con los avales, los obstáculos en algunas regiones donde se denuncia
que la guerrilla amenaza, conforme
la denuncia del Uribismo,
y donde se afirma que los
paramilitares y Bacrim hacen lo propio, hecho comunicado a las autoridades
por el Polo Democrático y la Unión
Patriótica, tienen en alerta a la
Fiscalía, que investiga los casos.