La investidura de
Carlos Romero fue anulada en 2008 por no haberse posesionado en los tres días
posteriores a la instalación del Concejo de Bogotá.
La Corte Constitucional
no acogió las pretensiones de una tutela interpuesta por el exconcejal de
Bogotá, Carlos Romero, con la que pretendía 'resucitar' políticamente luego de
que el Consejo de Estado decretara la pérdida de su investidura, por no haberse
posesionado como concejal en 2008, debido a que su esposa, Clara López,
ingresaba al gabinete de Samuel Moreno.
Su investidura había
sido anulada ese mismo año luego de que el alto tribunal le castigara el hecho
de que no se haya posesionado en los tres días posteriores a la instalación del
Concejo de Bogotá, en el año 2008, contrariando
la ley. Y tenía una encrucijada, pues en la misma semana en la que debía
posesionarse, el exalcalde Moreno había anunciado que nombraría a su esposa
como Secretaria de Gobierno.
Pero sorpresivamente,
en septiembre de 2010, cuando Clara renunció, Romero pidió que lo reintegraran
pues expresó que nunca había renunciado a su derecho a ser concejal. Eso le
costó la muerte política luego de que Mauricio Alberto Pérez presentara en
febrero de 2011 una demanda en su contra alegando que Clara López no debió haber
sido nombrada en el gabinete pues estaba inhabilitada por su marido, quien fue
elegido popularmente antes que ella y tenía un compromiso con sus electores.
En marzo de ese año, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a Romero, pues certificó
que él actuó por un motivo de fuerza mayor. Sin embargo el Consejo de Estado
anuló su investidura al considerar que él tenía plazo de posesionarse y luego
renunciar para que Clara pudiera entrar al gabinete. También dijo que el
entonces concejal no tenía excusa válida para argumentar que era imposible
negarle esa oportunidad a su esposa, pues ella pudo no aceptar el cargo.
