Un juez penal municipal
de Bogotá, con función de control de garantías, cobijó con medida de
aseguramiento en establecimiento carcelario a la alcaldesa de Florencia
(Caquetá), María Susana Portela Lozada, su esposo Diego Luis Rojas Navarrete,
dos funcionarios de despacho y 9 concejales de la capital de Caquetá.
En desarrollo de una
audiencia, adelantada en los juzgados de Paloquemao, el juez respaldó la
petición del fiscal de la Dirección Nacional contra la Corrupción, quien indicó
que el 28 de noviembre de 2014, durante la realización de una reunión del
Concejo de Florencia, 10 ediles de esa ciudad aprobaron una extensión ilegal
del cupo de endeudamiento del municipio, pasando de 11 mil 400 millones de
pesos a 22 mil 400 millones, permitiendo un incremento de más del 100 por
ciento.
Según se conoció, para
lograr el incremento se pagó una suma aproximada a los 800 millones de pesos a
los concejales investigados.
El juez en su decisión
consideró que los imputados representan un peligro para la comunidad y debido a
la gravedad de los delitos en que presuntamente incurrieron se hace necesaria
la detención intramuros; sin embargo a la concejal Yineth Yisela Caviedes, le
concedió la detención domiciliaria por considerar que es madre cabeza de
familia.
La fiscalía
anticorrupción le imputó cargos por cohecho por dar y ofrecer, cohecho propio,
falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito a la
alcaldesa Portela Lozada, su esposo, a la Secretaria de Hacienda Sandra Liliana
Lora Barrero y al Exsecretario de Desarrollo Jair Díaz Díaz.
Los mismos cargos
fueron endilgados a los concejales de la capital de Caquetá, César Augusto
Cárdenas, Lino Antonio Casanova Carvajal, Yineth Yisela Caviedes Trujillo, José
Manuel Garzón Medina, José Manuel Medina Retavisca, Juan Fernando Olarte Collazos, Oscar Eduardo Parra Toledo, Manuel
Ramírez Espinoza, Eduardo Silva Neira y Jorge Humberto Romero Moya. Ninguno de
los procesados aceptó cargos.
La audiencia se
adelantó de manera reservada y al final de la misma, Portela Lozada y Lora
Barrero fueron enviadas a la cárcel Nacional del Buen Pastor, mientras que
todos los hombres fueron trasladados a la cárcel La Picota, al sur de Bogotá.
