D Rcn.
Además de los posibles
problemas de constitucionalidad que tendría la Comisión de Aforados propuesta
en la reforma al equilibrio de poderes, una contundente alerta lanzó la
senadora Viviane Morales sobre un supuesto ‘mico’ que habría sido colgado en el
proyecto y que volvería exorbitantes los poderes de las altas cortes y de la
Fiscalía.
La Senadora reveló que
en la ponencia para quinto debate que será discutida este martes en la Comisión
Primera, se incluyó un artículo que le otorgaría “inviolabilidad judicial” al
Fiscal General de la Nación y a los Magistrados. Es decir, estos altos
funcionarios serían prácticamente ‘intocables’ y libres de cualquier proceso
penal o disciplinario por las decisiones que tomen dentro de cualquier proceso.
Para la congresista,
esto no es otra cosa que “la irresponsabilidad absoluta por las decisiones
judiciales que tomen. Esto implicaría que un magistrado de una alta corte o el
Fiscal General aunque llegaren a dictar una providencia manifiestamente
contraria a la ley (prevaricato) o arbitraria o injusta (abuso de autoridad),
no podrían ser investigados, juzgados y menos condenados”.
De hecho, la ponencia
señala textualmente lo siguiente:
“Los funcionarios
judiciales aforados son autónomos en la adopción de sus fallos. Esta regla
general implica que un magistrado de una alta corte o el Fiscal General de la
Nación no pueden ser cuestionados judicialmente por el sentido de sus
decisiones. Pueden serlo, en cambio, por conductas que resulten en delitos o
razones de indignidad por mala conducta”.
Esto quiere decir que
la Comisión de Aforados sólo podría investigar al fiscal y a los magistrados
por conductas cometidas por fuera de sus funciones, más no por posibles errores
cometidos dentro de los procesos judiciales.
Viviane Morales también
afirmó que esto viola el principio de conectividad de las normas tramitadas en
el Congreso, ya que según ella, este tema jamás fue abordado en las pasadas
discusiones de la reforma al equilibrio de poderes.
“El esperpento
jurídico, extraño a un país democrático, orondamente se lleva de calle el
principio general del Estado de Derecho relativo a la responsabilidad de todos
los servidores públicos por el ejercicio de sus funciones”, afirma la
legisladora.
Morales señaló que si
esa propuesta no es modificada en el quinto debate por la Comisión Primera del
Senado, la reforma podría hundirse en el Congreso.
