D Semana
La Fiscalía llamó a
juicio a cinco exdirectivas por presuntos manejos indebidos.
La Fiscalía busca
establecer si los archivos muestran que el dinero iba a parar a cuentas en el
exterior y a compra de lujosos inmuebles.
La Fiscalía busca establecer si los archivos muestran que el dinero iba
a parar a cuentas en el exterior y a compra de lujosos inmuebles.
La Fiscalía General de
la Nación dio a conocer una resolución de acusación contra ocho exdirectivos de
la EPS Coomeva, Coomeva corporativa y una empresa particular llamada
Medicamentos de Occidente Ltda.
Los empleados tendrían
responsabilidad en el manejo irregular de recursos y en una inexplicable
contratación.
Los representantes y
socios de la empresa de Medicamentos de Occidente vinculados al proceso son:
Jairo Alonso Estadita Monroy, Mariana Carbonell Jimeno y Edgar Ricardo García.
Por Coomeva EPS
aparecen involucrados Jorge Humberto Céspedes Ibarra, gerente de la entidad;
Manuel Humberto León Avellaneda, exdirector médico nacional; Carlos Arturo
Parra Orozco, jefe nacional de alto costo; y, otros funcionarios como: Melba
Lucía Flórez, exgerente corporativa de salud y Laureano Novoa Guevara,
exgerente general corporativa y exgerente de la EPS.
La historia comienza
once años tras. Entre el 2003 y el 2006 Coomeva EPS contrató a la firma
Medicamentos de Occidente Ltda para que suministrara tratamientos para VIH-sida
y de trasplantes de rodillas y cadera. Lo extraño del asunto, es que esta
sociedad no tenía reconocimiento como IPS y había sido creada seis meses antes
de la contratación.
Tal y como dice el
documento: “la luz de su objeto social no podía cumplirse debido a la falta de
requisitos de habilitación y de capacidad. Se dio un lucro excesivo en el
suministro de medicamentos para el manejo de pacientes con VIH-SIDA, como en la
atención de personas con esa patología, al igual que en lo referente a los
procedimientos para el reemplazo de articulaciones de cadera y rodilla, que
adicional a lo anterior se presentaron diversas irregularidades tales como:
haber realizado facturaciones dobles, facturar atención a personas fallecidas o
a afiliados que fueron atendidos por otra entidad”.
Dicha empresa manejó
recursos por cerca de 40.000 millones de pesos pertenecientes al sistema
general de salud durante tres años, lo cual le dejó -según los investigadores-
una utilidad de más de 3.500 millones de pesos por la intermediación.
Según lo explicó el
fiscal Jorge Rojas, en la última etapa del proceso se encontró que “se manejó
irregularmente los recursos de la salud y esos recursos son parafiscales, por
eso se habla de peculado por apropiación. Estas personas se convierten en
servidores públicos transitorios al manejar recursos parafiscales”.
Por este penoso caso, a
los responsables del desvío de recursos le serían imputados los delitos de
peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y contrato sin
cumplimento de requisitos legales.
Los archivos muestran
que el dinero iba a parar a cuentas en el exterior y a la compra de lujosos
inmuebles. Por esto, la Fiscalía iniciará el proceso de extinción de dominio,
teniendo en cuenta la cuantía de las utilidades que ellos, presuntamente, recibieron.
De esta manera, se recuperaría el dinero que se le quitó a la salud.
“Dentro de la
resolución de acusación se ordena la compulsación de copias para que se inicie
el proceso de extinción de dominio por parte de la Dirección Nacional de
Extinción de Dominio”, informó Rojas.
Además, el funcionario
advirtió que la Fiscalía tiene en su poder sendos folios de otras
investigaciones “muy sensibles de otras EPS que estarían incurriendo en los
mismos delitos y esperamos que en mes podamos culminar esos procesos”.
