Los implicados desembolsaron créditos a empresas del sector
floricultor por valor de
$221.660.289.890 sin tener en cuenta los análisis mínimos en la operación para
determinar su viabilidad. Se compulsaron copias a la Procuraduría Auxiliar para
Asuntos Disciplinarios, dada la calidad de los miembros de la Comisión Nacional
de Crédito Agropecuario, para que tome la decisión que en derecho corresponda.
Por tramitar y otorgar créditos a empresas del sector
floricultor bajo la línea especial de crédito a exportadores creada por la
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y reglamentada por el Fondo de
Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro y el propio banco, la
Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los funcionarios del Banco
Agrario de Colombia S.A.: David Guerrero Pérez, presidente; Jaime Restrepo
Vélez, vicepresidente comercial; Luis Alberto Mora Penagos, vicepresidente de
Crédito, Cartera y Garantías; y Luis Fernando Giraldo Cardona y Liliam Adriana
Arévalo Ordóñez, en sus condiciones de gerentes nacionales de Crédito.
A los implicados se les cuestiona el haber expedido y puesto
en marcha la Circular CR-148/08, modificada por la circular CR-195/08, que
establecía que la evaluación de las solicitudes de la línea especial de crédito
al sector exportador se soportaría principalmente en criterios cualitativos y
en la viabilidad del proyecto, lo que llevó a que se tramitaran y aprobaran
solicitudes de crédito sin una evaluación integral, desatendiendo los criterios
cuantitativos, como lo exigen las normas que gobiernan el otorgamiento de
créditos.
Al parecer, la excesiva flexibilización de las condiciones
para acceder al crédito, sumada a las circunstancias financieras que
atravesaban la mayoría de sus beneficiarios, se constituyeron en hechos
que prácticamente anticipaban que los
deudores no podrían asumir el posterior pago de los créditos.
De los 128 créditos otorgados por el Banco Agrario de
Colombia S. A. como intermediario financiero, por valor de $221.660.289.890, 54
que ascienden a la suma de 144 mil millones de pesos, se encontraban en mora al
31 de enero de 2012, razón por la cual fue necesario iniciar el cobro por vía
judicial.
Considera la Procuraduría que, si bien es cierto, la Comisión
Nacional de Crédito Agropecuario desarrolló una línea especial de crédito
reglamentada por Finagro, el Banco Agrario no podía ser ajeno al análisis
integral ordenado en las normas que regulan su otorgamiento, omisión que
conllevó a la alta siniestralidad de estos, especialmente en el sector
floricultor.
Dado que los conceptos de los analistas, quienes previamente
informaron las graves deficiencias financieras de una buena parte de las
compañías beneficiadas, no fueron tenidos en cuenta antes de desembolsar
recursos públicos a empresas del sector floricultor, en esta etapa procesal el
órgano de control calificó las faltas de los exfuncionarios como gravísimas y
graves en la modalidad de culpa gravísima.
La Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública
compulsó copias de esta decisión a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos
Disciplinarios, dada la calidad de los miembros de Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario, para que tome la decisión que en derecho corresponda.