Al cumplirse un mes de
vigencia de la norma para la Protección de Datos o Habeas Data, el
superintendente para la Protección de Datos, José Alejandro Bermúdez recordó
que hasta $1180 millones en multas podrán recibir las empresas que abusen de la
utilización de información personal de sus usuarios.
El funcionario explicó que
se trata de una norma que estableció el Gobierno Nacional que prevé que las
compañías que hagan tratamientos de información no violen las normas de
protección y además pidan autorización de los ciudadanos para manejar sus
datos.
Señaló que el decreto fue
expedido exactamente hace un mes y desde entonces las empresas deben
comunicarse con los titulares por el canal que siempre usan, ya sea correo
electrónico o por vía telefónica, quienes a su vez deben responder autorizando
la utilización de su información.
Sin embargo este sábado 27
de julio se cumplió el plazo para que las empresas que manejen bases de datos
con algún propósito y quieran continuar haciéndolo, contacten a sus clientes a
través de mecanismos alternos
Aclaró que los mecanismos
alternos se les llaman a las publicaciones de dicha notificación que se hacen a
través de diarios de circulación masiva en el país y que solo los deben usar
aquellas empresas que no puede contactarse directamente con los usuarios.
“Lo que se debe solicitar
por parte de las empresas es la autorización del titular para seguir usando los
datos, los usuarios deben responder notificando su deseo de que les sigan
enviando información de determinada índole” puntualizó.
Adicionalmente la norma
menciona que si en el término de treinta días no se ha recibido notificación
por parte del titular, la empresa podrá seguir haciendo uso de sus datos,
aunque el usuario no perderá el derecho de cancelar su contacto con la
compañía.
Por otro lado recordó que
“no hay en ningún caso, una posibilidad de que las compañías traten los datos
para una finalidad diferente a la que se contrató inicialmente”.
Señaló que se trata de
conductas ilegales porque la información no puede ser trasladada a un tercero y
en esos casos la ley permite que la Superintendencia de Industria y Comercio
adelante una investigación.
Si los usuarios se ven
afectados por este tipo de situaciones, pueden presentar un reclamo directo a
la empresa que hizo el tratamiento de su información y si a los 15 días hábiles
no han tenido respuesta se pone un recurso ante la Superindustria.