Se logró poner fin al conflicto laboral que se prolongó
durante ocho semanas.
Luego de dos meses de conversaciones entre los representantes
del Gobierno Nacional y de los trabajadores del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, en una mesa de concertación convocada y presidida
por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, se logró firmar un
acuerdo entre las partes que permite poner fin al paro laboral.
Con el acuerdo, se crearán 101 empleos para fortalecer la
prestación del servicio, se reducirá la carga laboral de los trabajadores y se
permitirá la movilidad de los servidores, lo que representa una mejora salarial
para cerca de 1.200 servidores. De igual manera, se realizará un ajuste en las
escalas salariales en empleos con desniveles salariales, apropiación de
recursos para el reconocimiento y pago de horas extras, recursos para proyectos
de inversión.
El Defensor del Pueblo agradeció la participación de la
Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de
Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Instituto de
Medicina Legal y los representantes de los trabajadores al llamado que hizo la
entidad desde el pasado 20 de mayo.
“Hoy se da un parte positivo al país, un parte de victoria,
pues se llegó a un acuerdo a las solicitudes planteadas por los representantes
de los trabajadores. Para la Defensoría este es un tema muy importante, porque
es el vivo ejemplo de que a través de las mesas de concertación, del diálogo
permanente, de no interrumpir las negociaciones, se pueden obtener buenos resultados.
Es una vía que deben seguir quienes hoy buscan sus reivindicaciones sociales
con métodos diferentes al diálogo en otras zonas del país”, señaló Otálora
Gómez.
Así mismo, señaló que la Defensoría del Pueblo seguirá
haciendo el acompañamiento para que lo acordado y discutido en la mesa de
negociación se cumpla a cabalidad por parte del Gobierno Nacional y de los
trabajadores de Medicina Legal. “Es el compromiso que ha asumido la Defensoría
y así lo vamos a llevar a cabo con todo el rigor que esto implica”, reiteró.
Elizabeth Rodríguez Taylor, directora del Departamento
Administrativo de la Función Pública, coincidió con el Defensor del Pueblo en
que se trató de un proceso de mucho respeto y destacó que los trabajadores de
Medicina Legal manifestaron su vocación de servicio público y su deseo de
contar con un Instituto pensando en los usuarios colombianos. Además, resaltó
que fue un proceso técnico y con estudios serios, donde todos ganaron.
Por su parte, Javier Castro, representante de los trabajadores
de Medicina Legal, se mostró complacido con la reivindicación forense que se
consigue con la firma de este acuerdo con el Gobierno Nacional. “Con este
acuerdo se logra, después de muchos años de trabajo y de presencia en el
sistema judicial colombiano de Medicina Legal, algo del reconocimiento que se
merece, sumado a la modernización del Instituto”, afirmó.