D El Espectador
Ante la Procuraduría General de la Nación, Calixto Vega
Navarro, contratista del Inpec, denunció al superintendente delegado para la
Protección de la Competencia, Carlos Pablo Márquez.
Según él, hay una "persecución" en contra de su
empresa por parte del superintendente delegado.
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"Soy una persona natural y parece que no conoce la ley
donde las personas naturales tienen un monto máximo permitido de sanción y
Márquez de manera exagerada y arbitraria, abusando del poder, nos ha
establecido una multa que supera lo legal", señaló.
Mediante resolución del 28 de junio de 2012 la
superintendencia de Industria y Comercio impuso sanción económica de
$2.753.952.898 a Calixto Vega "resolución motiva en apreciaciones y
argumentaciones carentes de sustento y basadas en meras apreciaciones
superficiales y conclusiones sin sustento".
Para Vega, la multa se da porque considera que hay inicios de
una supuesta colusión (ponerse de acuerdo para terminar favorecidos en un
contrato).
"Supuestamente el vio unos precios iguales que encontró
en tres personas dentro del contrato de alimentación con el Inpec",
manifestó.
Además, según Vega, el superintendente "habla de las
redes sociales porque mi hija aparece como contacto con una de las personas con
las que supuestamente estoy haciendo colusión pero eso no es indicio de que
exista un acuerdo".
"Me interceptó y solicitó a las empresas de teléfonos
las conversaciones y pidió establecer si hubo alguna transacción económica y no
encontró nada", aseguró.
En ese sentido, el contratista pidió a la Procuraduría
aclarar si Márquez quiere favorecer a la empresa que perdió el contrato en
febrero de 2011 que pertenece a Luis Yesid Villaraga.
"La empresa que nos hace el denuncio, precisamente el
Inpec en 2011 la denunció por colusión, sin embargo, a la fecha la
Superintendencia no ha actuado porque supuestamente no hay ninguna
investigación", señaló.
Sobre el tema, Vega indicó que el Inpec hizo la solicitud de
indagación pero "aquí hay unos intereses personales del señor Márquez
porque el día que fuimos llamados a la conciliación lo único que nos pidieron
fue que les diéramos los contratos para detener el proceso".
"Resulta curioso que justamente este cuarto proponente
beneficiado sí realiza claramente conductas colusivas como participar en la
misma licitación directamente y como partícipe de una unión temporal, conductas
conocidas por la Superintendencia y apoyadas por ésta al no adelantar
investigación contra él", agregó.
La petición de investigación fue radicada en la Procuraduría
la semana pasada y se espera que inicie el proceso para conocer la defensa del superintendente
delegado.