Al analizar 117.822 registros de candidatos
inscritos, el Ministerio Público encontró que 27 aspirantes repitieron la
inscripción de sus cédulas.
Antioquia (10,8) y
Cundinamarca (10,4) presentan los mayores porcentajes de candidatos
inhabilitados.
En la toma a las
elecciones del 27 de octubre, la Procuraduría General de la Nación identificó
694 candidatos inhabilitados para participar a cargos de alcaldes, concejales,
diputados y ediles en los 32 departamentos, información que envió al Consejo
Nacional Electoral para que evalúe posibles sanciones y/o revocatoria de
inscripciones.
Al analizar 117.822
registros de candidatos inscritos para las elecciones de autoridades
territoriales, el Ministerio Público encontró que 27 aspirantes repitieron la
inscripción de sus cédulas en los listados para postularse a corporaciones y
partidos políticos.
Los cinco partidos
políticos y movimientos representativos con más candidatos inhabilitados son el
Partido Conservador Colombiano (113), Partido Colombia Renaciente (66),
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia - AICO (64), Partido Social de
Unidad Nacional - Partido de la U (64) y Partido Cambio Radical (59).
NUMERO DE CANDIDATOS PARA LA ALCALDIAS INHABILITADOS POR
DEPARTAMENTO
Los departamentos en
los que se registraron mayor número de aspirantes impedidos fueron Antioquia
(10.8%), Cundinamarca (10.4%), Valle del Cauca (8.2%), Boyacá (7.5%) y Tolima
(6.9%).
El ente de control
señaló que de los candidatos impedidos, 11 son aspirantes a asambleas
departamentales, 20 a alcaldías, 602 a concejos municipales y distritales, 15 a
ediles en Bogotá, y 46 a ediles y juntas de administración local fuera de la
capital.
Así mismo, explicó que
se encontraron 235 personas que tienen anotaciones incompletas en el SIRI, por
lo que no pueden ser incluidas en el registro de inhabilitados, existiendo un
riesgo de que el beneficiario con la falta de información pueda estar incurso
en una inhabilidad.
Dichos reportes
corresponden al registro de las sanciones penales, disciplinarias, fiscales,
pérdidas de investidura y condenas proferidas contra servidores, exservidores
públicos y particulares que desempeñan funciones públicas.
