Así lo contempla un proyecto de ley
que será radicado en el Congreso.
En los próximos días
llegará al Congreso de la República un proyecto de ley que promete generar
polémica, ya que propone un tratamiento penal diferenciado para las mujeres
cabeza de hogar que cometan delitos menores.
La iniciativa propone
que estas personas no vayan a la cárcel cuando incurran en una falta cuya pena
sea menor a seis años. En vez de ello, se plantea que puedan pagar su condena a
través de un servicio social.
El autor de la
propuesta, el senador Rodrigo Lara de Cambio Radical, dijo que en la mayoría de
los casos, las mujeres que cometen este tipo de delitos como hurtos simples, lo
hacen para alimentar a sus hijos.
“El proyecto busca que
las mujeres cabeza de hogar que hayan cometido un delito con pena menor a seis
años, que por lo general los cometen por la pobreza en la que viven para
alimentar a sus hijos, no vayan inmediatamente a una cárcel, porque persona que
ingresa a una penitenciaria por un hurto menor, termina convertido en
delincuente”, dijo.
El congresista
considera que las autoridades sancionan a los más pobres, que por falta de
oportunidades para sacar adelante a la familia, cometen infracciones menores.
“Eso no solo es una condena de degradación, sino una pena adicional para los
niños”, dijo.
“A esas mujeres, que
muchas veces cometen un delito para sostener a sus hijos, les vamos a dar la
oportunidad de cumplir esa pena por fuera, trabajando, al lado de sus hijos, pero
con un mecanismo que sea un servicio de utilidad pública, que trabajen para la
sociedad, para los necesitados, que resarzan el daño y si reinciden, pues que
ahí si vaya a la cárcel”, añadió.
Lara afirmó que en
Colombia debe acabarse el populismo punitivo, porque los problemas de la
sociedad no se solucionan enviando a todo el mundo a una penitenciaria. “Esa es
una forma perezosa de resolver los problemas y no podemos seguir utilizando en
este país el derecho penal para enfrentar los problemas sociales”, señaló.
El senador de Cambio
Radical aclaró que esta medida no cobijaría delitos graves como la extorsión,
el homicidio, los delitos de corrupción o contra la administración pública,
entre otros, cuya pena sea mayor a los seis años.
El proyecto de ley será radicado
próximamente en el Congreso y tendrá el respaldo de congresistas de diferentes
partidos políticos.